El gerente general del diario El Universal, Carlos Ernesto González de la Lastra, culpó ayer al Gobierno de ejercer "presión económica" contra este medio informativo, el cual fue "obligado a cerrar operaciones" desde el pasado 11 de junio.
En un comunicado de prensa, el directivo denunció que es de todos conocidos que desde que el Gobierno actual ganó las elecciones y luego asumió el poder, "ejerció presión económica con la negativa de pautas publicitarias y de amenazas contra el diario El Universal".
Sostuvo que "la línea editorial independiente, el manejo noticioso y la información de actividades extrañas de su Gobierno", trazaron el objetivo de la actual administración de "acallar" este periódico.
Agregó que el resto de los medios de comunicación "festinaron" con la noticia que anunciaba el cierre y destacó que es potestad de la sociedad aceptar que la opinión pública está "secuestrada" por un solo medio de comunicación que no permite que exista la diversidad.
Igualmente, planteó que desconoce las razones por las cuales la Caja de Seguro Social (CSS) se tomó la tarea de cautelar parte de los bienes del diario el pasado 8 de abril.
Los directivos de la CSS cautelaron parte de los bienes de El Universal, puesto que la empresa adeuda más de B/.500 mil en concepto del pago de las cuotas obrero-patronales, a pesar de que eran cobradas a sus empleados.
De la Lastra sostuvo que la presencia de funcionarios de la entidad en la entrada de la empresa, impidió el ingreso de los empleados a su centro de trabajo, lo cual generó el "pánico" de los acreedores, los bancos, la empresa leasing y el personal del diario, trayendo como consecuencia el posterior retiro de equipos dados en arriendo.
Estos hechos, dijo, causaron que el diario se quedara parcialmente sin equipos, sin materiales y sin personal, haciendo imposible publicar las ediciones a partir del martes 11 de junio.
Precisó además que en el mes de enero pasado, se iniciaron las negociaciones con dos grupos de inversionistas, donde se concluyó que a largo plazo, sí se podía lograr una inyección de capital que pagase el pasivo circulante.
Y aunque las conversaciones se mantuvieron informalmente, precisó que las negociaciones fueron afectadas continuamente por las "presiones que personeros del gobierno" le hacían a interesados locales, y que llevó a la renuncia de varios miembros de la Junta Directiva.
