Gobierno rechaza informe del Departamento de Estado

El Canciller de la República, Ricardo Alberto Arias rechazó ayer "de la manera más enérgica" el contenido del informe sobre el estado de los derechos humanos en el país de conformidad con la evaluación que realizó el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América
Arias en nota dirigida al embajador estadounidense en Panamá William Hughes, señala que el gobierno panameño evidencia su disconformidad sobre los señalamientos del Departamento de Estado.
Las autoridades panameñas rechazan también que las informaciones contenidas en el informe "sea un reflejo del universo social, político y moral en el cual conviven cotidianamente los panameños y los extranjeros que aquí residen; al tiempo en que se insinúe que el Ejecutivo no respeta la división constitucional de los tres poderes del Estado e intervenga de manera impropia en los asuntos privados del Poder Judicial para condicionar sus decisiones".
"Esta última, en particular, es una afirmación temeraria que lesiona la dignidad y la probidad del Poder Judicial que por boca del presidente de la Corte Suprema de Justicia recientemente ha declarado de manera tajante y sin lugar a dudas, que nunca se han registrados tales intensiones y que se ha actuado con prontitud ante cualquiera acusación fundada en actos de corrupción", sostiene el canciller panameño en su carta.
El ministro Arias sostiene además que como todas las certificaciones, por su carácter unilateral "la presente está preñada de intensiones que arrojan muchas dudas sobre la sinceridad de una auténtica y legítima preocupación humanitaria. Ella se propone lesionar severa e innecesariamente, la imagen internacional de Panamá en esta fase decisiva de la transición del Canal interoceánico y pretende afectar con una inconsecuencia manifiesta, el clima de confianza y seguridad que los distintos gobiernos nacionales y el sector privado panameño hemos venido creando en los últimos años, con el propósito de garantizar el ambiente social confiable y seguro para las inversiones extranjeras que favorecen el desarrollo y la gobernabilidad democrática de nuestra nación".