El grupo de indígenas opuesto a la construcción de proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro y Chiriquí, logró ayer que el Gobierno se comprometiera a revisar los contratos de concesión otorgados.
Además, consiguió que se revisen los estudios de impacto ambiental avalados por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) para construirlas.
También que se verifiquen supuestas violaciones a los derechos humanos.
