El Gobierno presentará una acción de nulidad ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia contra el laudo arbitral que condenó al Estado a pagar B/.32 millones en indemnización.
Entre tanto, el embajador de Francia en Panamá, Christopher Philibert, consideró que sería mejor llegar a un entendimiento amistoso a prolongar el proceso legal en los tribunales.
Negó, además, que el Gobierno de Francia esté presionando en este caso o vaya a tomar represalias contra Panamá por el incumplimiento de un acuerdo bilateral que protege las inversiones privadas en ambos países.
Este conflicto surgió luego de un fallo a favor del consorcio francés Ferdinand de Lesseps, dictado por la Cámara Panameña de la Construcción contra el Estado por incumplir un contrato para la construcción de una terminal de transporte en la provincia de Colón, tras rescindirlo y entregarlo a una empresa del exgobernador de Colón Gassam Salama y el dirigente transportista Gilberto Soto.
Por su parte, el exdirector de la Autoridad del Tránsito, Pablo Quintero, dijo que las leyes panameñas prohíben que el negocio del transporte esté en manos de extranjeros, por lo que es "inaudito e incomprensible" que le "regalen" B/.32 millones a una empresa que no ha invertido un real en Panamá.
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