Gobierno y Refinería oficializan culminación de contrato

El Gobierno Nacional y Refinería Panamá (REFIPAN), oficializaron la terminación anticipada del contrato ley No. 35 a partir del 31 de diciembre del presente año, según un acuerdo que firmaron el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome y el gerente general de la empresa, Kevin Wolahan.
El acuerdo establece que se da por terminado el proceso arbitral, así como cualesquier otro reclamo que tengan o puedan hacer las partes entre sí en relación con el cumplimiento del contrato ley, y al mismo tiempo autoriza al Estado a adelantar una política de liberalización del mercado de hidrocarburos en el país.
Se prevé que con la apertura para que empresas importen producto refinado, haya empresas interesadas en competir en la comercialización, como una compañía venezolana que ya ha establecido contactos con Panamá para entrar al mercado, reveló el ministro Jácome.
En virtud de este acuerdo de terminación anticipada de este contrato ley se pondrá fin a la controversia surgida entre las partes, sin que el Estado deba pagar suma alguna ni como indemnización, ni en ningún otro concepto.
Adicionalmente se suscribió un acuerdo mediante el cual "se permite el establecimiento, operación y administración de una Zona de Libre Petróleo.
El contrato ley 35 entre el Estado y REFIPAN, pactado en 1992, debió expirar en el año 2012.
De acuerdo con el titular del MICI, los efectos de este acuerdo de finalización del contrato ley son favorables a los intereses nacionales, lo que se podría traducir en mejores precios de los combustibles al consumidor.
La culminación del contrato permite que reviertan al Estado los bienes de su propiedad que fueron otorgados en concesión conforme al contrato ley, así como los muelles y demás instalaciones marítimas y terrestres construidas por REFIPAN sobre dichos bienes.
Por su parte, el gerente general de la empresa, Kevin Wolahan, evitó hacer señalamientos concretos sobre el monto de la indemnización a los trabajadores y se concretó a agradecer la intermediación de las autoridades nacionales en el proceso para llegar a un acuerdo con los obreros.