La funcionaria debe explicar el próximo martes el objetivo de algunos proyectos remitidos a la Asamblea por la pasada administración del Ministerio Público; uno de los cuales adiciona un nuevo capítulo al Código Judicial, para introducir a la PTJ a este documento. Este establece también la creación de la PTJ como un ente de carácter nacional, adscrito a la Procuraduría de la Nación.
Otro de los proyectos a discutir es sobre el robo de autos, que indica que quien adquiera un vehículo, nave aérea, marítima o fluvial, con descripciones de identificación alteradas, borradas, sobrepuestas o modificadas, sin autorización de la autoridad competente, debe ser sancionado con penas de prisión de uno a tres años.
Igualmente, deberá exponer artículos que tratan sobre delitos contra la integridad y libertad sexual, violación, relaciones sexuales con menores de edad, actos libidinosos y acoso sexual; así como contra el patrimonio histórico.
Aunque la fórmula no es la más adecuada, en Panamá la diferencia la plantea el hecho de que los magistrados son escogidos por el Ejecutivo y ratificados o rechazados por la Asamblea Nacional.
En el caso de Costa Rica, aunque es la Asamblea la que los nombra, esta no los juzga, sino que admite o rechaza la denuncia y luego la transfiere a la Corte, quien decidirá el asunto mediante votación secreta no menor de los tercios del total de sus miembros.
Para Ricord, a nivel de Latinoamérica no existe ningún modelo a imitar porque en ellos también ocurren barbaridades.
Al final de cuentas lo que se establece es una anarquía total, corriéndose el riesgo de que se vuelva a repetir la historia.
Según indicó, pronostica que tal como se pinta el panorama, en Panamá se volverá a repetir lo mismo que sucedió en 1968, porque el país ha llegado a un extremo absoluto de fracaso total como maquinaria de gobierno, económica e incluso, no hay ningún aspecto en el que las cosas marchen medianamente.
Cabe señalar, que el pasado miércoles la Comisión de Credenciales recibió las denuncias contra los magistrados.
Allí se decidió formar una subcomisión que tendrá que rendir un informe a finales de esta semana.
Lo cierto es que en esta Comisión ya hay precedentes de casos en los cuales no se sanciona a los acusados.
La sesión judicial más reciente contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue el 11 de abril de 2000, en el caso del magistrado José Manuel Faúndes (q.e.p.d.).
Ese día, la Asamblea reanudó las sesiones judiciales. A Faúndes se le absolvió de los 4 cargos imputados, al no completarse el total de las dos terceras partes que establece el Artículo 2494 del Código Judicial, para determinar la culpabilidad del acusado.
