La ex procuradora Ana Matilde Gómez no era muy bien vista por la diplomacia estadounidense en el país. Para Estados Unidos, Gómez no gozaba de una “reputación inmaculada”, ya que su efectividad como funcionaria fue “ampliamente cuestionada por la sociedad civil”.
Sin embargo, la ex embajadora estadounidense, Barbara Stephenson, reportó a Washington más de cuatro cables denunciando que Gómez estaba siendo presionada por el presidente Ricardo Martinelli para abrir investigaciones contra enemigos políticos vinculados a casos de corrupción, afectando así la independencia del Ministerio Público.
Para Estados Unidos la salida de Gómez significaba que Panamá iba a perder la única institución independiente que tenía, y que Martinelli iba acaparar “todos los poderes”.
Los cables diplomáticos entregados por Wikileaks a Panamá Américale dan seguimiento a la salida de Gómez de la Procuraduría y reportan supuestos arreglos de Martinelli con los miembros de la Corte Suprema de Justicia para lograr ese objetivo.
El 14 de septiembre de 2009, Stephenson envió su primer cable reportando que el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona le dijo que Martinelli le había confesado que se iba a “deshacer” de Gómez y que, además, le ofreció el cargo.
Arjona afirmó -según el cable- que cinco días más tarde Martinelli le comentó que no tenía ningún problema con Gómez.
Por ello, Stephenson aseguró que Arjona describió a Martinelli como “delirante” e “incoherente”, porque negaba algo que le había dicho cinco días antes.
Arjona negó las palabras de Stephenson y dijo los cables “no se ajustan a la verdad”.
Para la ex embajadora, los supuestos reportes “sobre las historias inconsistentes de Martinelli y su naturaleza volátil coinciden con lo que Estados Unidos ha observado”.
El mismo cable que reporta las supuestas palabras de Arjona, incluye también palabras del vicepresidente Juan Carlos Varela durante un almuerzo con Stephenson el 4 de septiembre de 2009, en el que prácticamente reconoce las presiones contra Gómez. Varela dijo -según el cable- que el Gobierno “ya no estaba tratando de remover a Gómez de su cargo, ya que Martinelli se dio cuenta que al hacerlo dañaba la imagen de Panamá”.
Agregó que el presidente y Gómez “ahora se enfocarían en erradicar la corrupción policial”.
Arreglo roto.
Pero el 19 de octubre de 2009, Stephenson envió un nuevo cable advirtiendo que las presiones para sacar a Gómez se habían incrementado, y que el supuesto arreglo se había roto.
“El presidente Martinelli, frustrado por lo que observa como intransigencia, está manejando influencias con magistrados de la Corte Suprema de Justicia para orquestar su destitución”, aseveró Stephenson.
Para la Embajada de Estados Unidos la remoción de Gómez representaría un “severo atraso” a la independencia judicial y al desarrollo de las instituciones democráticas de Panamá.
“Se alega que [Martinelli] ha estado trabajando tras bastidores con los magistrados de la Corte para forzar su salida”, amplió Stephenson.
También Arjona había dicho a la ex embajadora que el presidente había estado abordando a magistrados de la Corte para solicitarle una decisión en contra de Gómez.
“Martinelli ahora tiene cinco de los nueve votos, incluyendo el de Arjona”, resaltó Stephenson en ese momento.
Al mismo tiempo, la Embajada de Estados Unidos comunicó a Washington que Gómez le confesó que recibió “70 llamadas telefónicas de Martinelli insistiendo que ponga en la cárcel al ex presidente Ernesto Pérez Balladares”.
Incluso, la ex procuradora dijo a la ex embajadora que durante una reunión para tratar asuntos de seguridad, “Martinelli sacó del encuentro al entonces fiscal José Ayú Prado y en una conversación privada le preguntó: ¿Qué necesitas para poner a ‘El Toro’ en la cárcel?”.
Para esa fecha en que se reporta el diálogo, sin embargo, Gómez ya había ordenado a Ayú Prado que inicie una investigación por supuesto blanqueo de capitales contra Pérez Balladares.
Gómez le dijo a la ex embajadora que Pérez Balladares no era la única persona que estaba en la mira de Martinelli. La Embajada informó que el Gobierno de Panamá también le pidió a Gómez investigar por corrupción al ex vicepresidente Rubén Arosemena.
“Su negativa a las presiones del Gobierno central terminaron con su salida forzada como Procuradora de la Nación”, según Stephenson.
Suspensión a Gómez.
El 26 de enero de 2010 la Embajada de Estados Unidos reportó en otro cable que la Procuraduría General de la Administración había interpuesto una solicitud a la Corte Suprema de Justicia para remover a Gómez por abuso de autoridad en una investigación por corrupción contra el fiscal Arquímedes Sáez.
Sáez había interpuesto una querella criminal contra Gómez por abuso de autoridad al ordenar intervenir su teléfono para esa investigación.
Estados Unidos tenía su posición frente a la querella contra Gómez. “La denuncia contra la procuradora es de abuso de autoridad, lo cual no es un acto criminal, por lo tanto la Corte no tiene fundamento jurídico para removerla de su cargo. Adicionalmente el pinchazo a Sáez fue legal en el tiempo que ella lo ordenó”.
La llamada interceptada, supuestamente grababa un pedido de dinero de parte de Sáez para liberar a un detenido.
En febrero de 2010, cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de la suspensión de Gómez de su cargo.
La Embajada de Estados Unidos informó, en un cable el 1 de febrero de 2010, que “se trató de una combinación entre tres magistrados nombrados en la administración de Mireya Moscoso con dos de los magistrados recién nombrados por Martinelli: Alejandro Moncada y el magistrado suplente Wilfredo Sáenz”.
Curiosamente -dice Stephenson- Martinelli, Varela y otras figuras de del Gobierno se encontraban fuera del país, mientras que Jimmy Papadimitriu “fungía como presidente” en el momento de la suspensión.
Stephenson opinó, tras la salida de Gómez, que el debate se había centrado en la elección del nuevo procurador.
La ex embajadora dijo que el debate sobre la legalidad del procurador suplente era un punto menor, pero que le permitía a la prensa local activar “una alarma con respecto a la amenaza sistémica a la democracia”.
Stephenson concluyó el cable señalando que la polémica afectaría el clima de negocio y las inversiones en Panamá. “Como primer paso modesto, propondremos declinar una invitación de que un oficial de la Embajada hable en una conferencia dirigida a aumentar la inversión estadounidense en Panamá, explicándole al gobierno de Martinelli que no somos capaces de vender el país como un buen lugar para invertir”, notificó Stephenson.
