La procuradora separa de la Nación, Ana Matilde Gómez, a quien no le sorprendió para nada la solicitud de llamamiento a juicio, aseguró que su caso tiene un destino manifiesto en el sentido que todas las medidas que le son adversas serán prontamente resueltas para que el Ejecutivo pueda quedarse con la Procuraduría.
"Esta es la crónica de una muerte anunciada en la que se me sigue violando el derecho al debido proceso", dijo Gómez en relación al incidente de recusación que presentó para que el magistrado Wilfredo Saéz no fuera el ponente en su caso.
Gómez dijo en una entrevista en la emisora RPC Radio que el suyo es un caso político que lo único que busca es que no regrese a la Procuraduría de la Nación.
Al ser cuestionada sobre el nombre de las personas detrás de una supuesta persecución política en su contra, Gómez reconoció que definitivamente los hay, sin embargo señaló que no es el momento para darlos a conocer.
La funcionaria separada agregó que ya debería estar en su cargo, pues las razones que adujo el magistrado para separarla en materia de recepción de pruebas ya se acabaron.
Agregó que si será juzgada y condenada por abuso de autoridad, "entonces dónde está la Asamblea fiscalizando el trabajo del presidente Ricardo Martinelli, quien ha interpretado la Constitución, la ley y la jurisprudencia a su manera", refiriéndose al caso de los indultos a los policías involucrados en casos de homicidios.
Gómez reiteró que está pagando las consecuencias de haberse atrevido a ponerse firme en la no injerencia del Ejecutivo en el Ministerio Público. "Esto es un pase de factura por no haber bajado el lomo y ser sumisa ante el poder".
Por último manifestó que su caso es un "cínico retroceso" en materia de democracia y una afectación al institucionalidad del país.
