Tras el escándalo por el supuesto tráfico de chinos, la directora del Servicio Nacional de Migración, María Cristina González, denunció que el Consejo de Seguridad, cuyo secretario es Julio Moltó, pretende tomar el control de Migración y exigió que sus miembros también sean investigados.
La funcionaria rompió ayer el silencio y denunció que el organismo de inteligencia del Estado no coopera con este tipo de investigaciones, ya que “jamás” notifica las alertas a Migración.
Precisamente, fue la embajada de Panamá en Tokio y el consulado de Panamá, en Miami, las entidades que notificaron a las autoridades locales del posible ingreso de asiáticos con visas alteradas en agosto pasado.
La alerta la recibió González a través de dos correos electrónicos en los que se pedían las detenciones internacionales, según consta en su declaración jurada. Además, recibió una llamada anónima que corroboró el dato internacional.
La funcionaria declaró que los asiáticos, al arribar al país, fueron retenidos por Migración y llevados a un “cuartito especial” en el albergue, a fin de evitar que se les diera soplo a los abogados y luego interpusieran hábeas corpus para impedir su deportación.
“Solicité los boletos lo antes posible porque ya estaba harta de la habilidad de los abogados”, agregó. La directora de Migración hizo constar en su declaración jurada que no ordenó ninguna acción de campo y que cuando se da, siempre son acompañados por la Policía.
También pidió a la Fiscalía Auxiliar que investiguen al personal de Tocumen, S.A. y agentes de la Policía que laboran en la terminal aérea.
“Migración no opera sola dentro del aeropuerto, ellos también deben ser llamados”, dijo ayer a Panamá América.
Por este caso están detenidos Carlos Córdoba, jefe de Investigaciones; Vinicio Coronado, inspector en Tocumen, y Eduardo Aguilar, conductor, todos empleados de Migración.
Además, hay orden de conducción contra el comisionado retirado, Rolando Taboada, jefe de Operaciones y Seguridad de Migración y Juan Chichaco, jefe de Transporte.
Contactos.
En tanto, el asiático Hong Shi Zhang, quien supuestamente era el intermediario en esta operación ilegal y que también está detenido, confesó que hace dos meses colocó un anuncio pagado en el diario chino Lai Mei Kuai Bao, en el que se leía: “Si quieres traer familiares de China, llámame al 6741-2319”.
Una vez los interesados lo contactaban, él procedía a pedirles el pasaporte para que el abogado Antonio Garzón Nicolau -quien está prófugo- tramitara las visas.
“Yo no sé cómo trabaja Migración, yo solamente ponía el anuncio para servir de traductor y ayudar a los paisanos que querían traer a sus familiares... yo no sé si la visa es falsa o verídica”, indicó Shi Zhang, a través de un intérprete de la INTERPOL.
Según este asiático, la ganancia que recibía por este trámite era de B/ 2 mil, mientras que el abogado Garzón Nicolau cobraba B/ 15 mil.
Estrategia.
Según consta en el expediente, los asiáticos eran sacados expeditamente del Aeropuerto de Tocumen evadiendo los controles migratorios por instrucciones directas de Taboada.
La razón, según contaron funcionarios de Migración, es que el comisionado retirado les advertía a sus subalternos que estos asiáticos iban a ser “secuestrados” y que necesitaban identificarlos y protegerlos.
