La justicia panameña vive una “crisis más grave” que la del año 2002, cuando se registró un escándalo de soborno en la escogencia de dos magistrados y la denuncia de corrupción de un magistrado de la Corte Suprema, que dio como resultado la creación de la Comisión de Estado por la Justicia.
A esta conclusión llegó ayer la Alianza Panameña Pro Justicia, luego del juicio donde se condenó a la procuradora separada, Ana Matilde Gómez, a seis meses de prisión y cuatro años de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
De acuerdo con la Alianza, hay hechos fehacientes de que no existe separación entre los poderes del Estado; hay manipulación de la administración de justicia contra dirigentes sociales y denuncias de tráfico de influencias sin investigar.
Además, considera que la condena de Gómez, que fue proferida con el voto de los cinco magistrados nombrados por los partidos de la Alianza en gobierno y el voto en contra de los cuatro magistrados designados por el partido hoy en oposición, deja una percepción ciudadana de que es un fallo con connotaciones políticas.
Rumbo a la CIDH.
Mientras, la ex procuradora Gómez adelantó que se reunirá hoy con su abogada Grisel Mojica, para tomar algunas decisiones sobre la batalla internacional que emprenderá contra el Estado panameño.
Para ello, compilarán pruebas para probar su inocencia próximamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Planteó que la decisión de presentar el recurso de revisión no se ha tomado aún.
Gómez fue sentenciada por abuso de autoridad a 40 días multas, que equivalen a B/ 4 mil y que deben ser pagados al Fisco en un tiempo no mayor a un año.
Afirmó que recibió cerca de 60 llamadas de personas interesadas en pagarle la multa. Hasta la llamó un ciudadano de apellido Martinelli, que quiere poner el dinero para evitar que vaya a la cárcel.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, advierte que la condena a Gómez representa un “déficit en la democracia panameña”.
“Ojalá que la celeridad y prontitud demostrada en este proceso fuese extensiva a las más de 6 mil personas que están privadas de libertad en las distintas cárceles del país, a la espera de la determinación judicial correspondiente”, dijo Vargas.
En tanto, el Partido Popular repudió el fallo contra Gómez, el cual constituye “un mazazo más en la demolición de la institucionalidad democrática”.
Y el fiscal investigado.
El caso que se le sigue al ex fiscal Arquímedes Sáez por el delito de concusión sigue inmerso en tecnicismos legales.
El caso fue remitido al Segundo Tribunal Superior para que aclare a qué instancia jurídica le compete atenderlo, pues inicialmente estaba en San Miguelito y ahora lo trasladaron a La Chorrera.
