El Grupo Figali le pidió ayer al Gobierno que acepte la mediación de los miembros de la última Junta Directiva de la extinta Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), para solucionar las diferencias que terminaron con el secuestro judicial de este consorcio.
En una carta enviada al ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, el presidente del Grupo F Internacional, Fernando Fernández, plantea que los ex directivos de la ARI podrían encontrar una “solución justa para ambas partes”.
La carta señala que el Grupo F no se niega a pagar al Estado, pero exige que éste cumpla con el compromiso que firmó para solucionar las situaciones generadas con el anterior Gobierno y que, según Figali, perjudican el desarrollo de su proyecto.
El juez ejecutor del Ministerio de Economía, Raúl Taboada, ordenó el secuestro del Grupo F. por incumplir el arreglo de pago que firmó con el Estado, para cancelar la renta básica e infraestructura y la renta por infraestructura que adeuda.
“Hemos exigido que el Estado cumpla lo pactado en referencia al monto que pagamos y descuente un área que tiene un vicio oculto, sobre la que el Estado no permite construir lo pactado”, señala Grupo F. Agrega que hizo los primeros pagos acordados, pero el Estado “pretende recibir pagos sin resolver los problemas que han afectado este desarrollo”.
El Grupo F. Internacional S.A. firmó un convenio de pago con el Estado en el que se comprometía a cancelar el saldo adeudado en concepto de Renta Básica e Infraestructura en un período de 12 meses, y el de renta por Infraestructura en un período de 24 meses, el cual según las autoridades el Grupo F incumplió.
