Guerra al hampa es tardía, Torrijos

No obstante, la directora de Corrección, Concepción Corro, dijo que si se dota de los recursos necesarios, las cárceles podrían adecuarse.
Igualmente, ve con optimismo que para el próximo año se apruebe un presupuesto mayor a los 15 millones de balboas para el sistema penitenciario.
Afirmó que dará toda la colaboración necesaria como parte del operativo policial y mientras se hacen las investigaciones para determinar cuáles detenidos son requeridos por las autoridades, se han habilitado todos los centros policiales preventivamente.
La población penal actualmente supera los 10 mil internos, de los cuales 4 mil 613 han sido condenados y 6 mil 546 están en proceso de juicio.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vázquez, sostuvo que aunque estén anuentes a participar de las modificaciones a la legislación penal, es evidente que un periodo de sesiones extraordinarias no alcanzaría para analizar esta propuesta.
Sostuvo que las leyes anti-pandillas, de cadenas perpetuas y otras modificaciones al Código Penal aconsejan mucha prudencia.
Consideró que el anuncio presidencial pareciera desesperado ante el clamor de la sociedad, que exige seguridad contra la ola delincuencial, sin embargo, expresó que se requiere control y no actuar a la ligera.
Expresó que el aumento de penas, sin un papel preventivo, no ayudaría a reducir la incidencia delictiva, pero comparte la idea de que el Código Penal sea más enérgico.
Por su parte, Aida Zeida Palacios, del Instituto de Criminología, aseguró que la cadena perpetua en las condiciones de los centros carcelarios sería una pena de muerte.
Palacios planteó que los centros penitenciarios contienen la delincuencia, pero no resuelven el problema de la violencia y la criminalidad como deberían.