Más de 3,000 mil internos están actualmente en situación de hacinamiento en el país. Así lo revelan las estadísticas que maneja el Departamento de Estadística del Sistema Penitenciario de Panamá, en donde se señala que al 17 de febrero del presente año, había una población penitenciaria de 10,693 internos, mientras la capacidad física en todo el país es de 7,348.
Para Concepción Corro, directora general del Sistema Penitenciario de Panamá, el problema no se debe tanto a la falta de infraestructuras, sino a la lentitud de los procesos. Según las estadísticas, los condenados son sólo 4,898, mientras que en proceso se encuentran 5,795. Ante esto, Corro recomendó que los casos que todavía están en proceso se revisen y se les den otros tipos de medidas alternas al de la detención.
Todas las personas que aún no han sido condenadas representan costos elevados para el Sistema Penitenciario, porque hay que garantizarles salud, transporte para sus audiencias y alimentación, dijo Corro. No obstante, señaló que se está en conversaciones con el Organo Judicial para coordinar sobre el tema. Cabe señalar, que aproximadamente 30 internos ingresan por semana al Sistema Penitenciario.
No obstante, para paliar un tanto la situación, en la Dirección de Sistema Penitenciario se lleva a cabo una serie de proyectos. Corro destacó no hay ningún renglón en el presupuesto para mantenimiento, no obstante, es a este aspecto al que más se le ha prestado atención.
En ese sentido, Corro señaló que se ha hecho mejoras en el Centro Femenino de Rehabilitación, haciéndose una inversión de B/. 200 mil, que consistió en el arreglo de algunas infraestructuras, reparación en el tendido eléctrico y plomería.
Igualmente, se están haciendo arreglos en el Cuartel de Policía de La Chorrera, que presta apoyo como centro penitenciario. Los trabajos allí consisten en la colocación de una bomba y tanque de reserva de agua potable.
En Narganá (Comarca de Kuna Yala) se realizó una infraestructura totalmente nueva con la que se podrá tener a los internos de esa región, sin la necesidad de trasladarlos a la provincia de Colón. En el centro penitenciario femenino de Los Algarrobos (Chiriquí), se han realizado una serie de anexos para albergar las oficinas administrativas y áreas de talleres.
Por otro lado, en el Complejo La Joya, específicamente en La Joyita, se entregaron dos nuevos pabellones y están por terminarse otros dos. Con esto se podrá clasificar a los detenidos problemáticos del resto de la población penal.
Corro destacó que en Colón se está por recibir unas 60 celdas adicionales en el Centro Nueva Esperanza. En cuanto a proyectos grandes, manifestó que este año se iniciará la construcción de un nuevo centro penitenciario para la provincia de Bocas del Toro, en donde ya tienen el espacio físico para iniciar los trabajos.
Ese centro que podrá alojar más de 150 internos y tendrá un costo de B/. 620 mil. "Resultará un gran alivio para la región", dijo Corro, y se logrará no sólo albergar a los detenidos de Bocas del Toro que se encuentran en las cárceles de Chiriquí, sino que concentrará a los internos de tres sectores: Changuinola, las islas y Almirante.
Agregó que un estudio determinó la necesidad de hacer un único centro penitenciario para las provincias centrales, con la intención de sacar a los detenidos que se encuentran en las sedes de la Policía y congregarlos en ese centro que estaría distante de las comunidades.
Ese centro tendría todas las condiciones para hacer el trabajo de resocialización, que no se puede hacer en los centros policiales y le permitiría a los detenidos estar en su misma área sin tener que ser trasladados a la ciudad capital o Colón, lejos de sus familiares.
No obstante, este proyecto, aún en estudio, ha tenido opiniones en contra dentro de las mismas comunidades, porque los residentes sienten inseguridad el tener una cárcel en sus predios. Corro recalcó que los centros de detención en los cuarteles están todavía más próximos a las comunidades de lo que pudieran estar los que incluye este proyecto.
El proyecto, destacó, a la vez que necesitará de mano de obra para su construcción, requerirá de personal administrativo y de productos de abastecimiento que resultarán en beneficios para la comunidad. Corro dijo que esta infraestructura es costosa y se requiere evaluar el terreno, que todavía no se tiene, para luego programar la realización de los planos.
"Todos los detenidos en el país tienen que salir algún día de los centros penitenciarios, por lo que hay que darles una oportunidad de cambio, a través de la resocialización", manifestó con optimismo Concepción Corro.
Otro reclamo proviene de los docentes orientadores graduados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, quienes pese a sus títulos denuncian que no se les ha hecho justicia y se ha nombrado a otras personas.
Al ser entrevistado el profesor Francisco Rojas, director del Departamento de Orientación Educativa y Profesional, manifestó que desde años anteriores y amparados en la Ley No. 34 los egresados de la carrera de Orientación deben tener prioridad en los nombramientos. El concurso en estas categorías está impugnado y según indicaron algunos educadores afectados, el día lunes protestarán ante las instalaciones de la Junta de Personal hasta que se resuelvan legalmente sus casos.
