Hay que hacerle cambios a anteproyecto de códigos

EN UN ANÁLISIS profundo a los anteproyectos de Códigos Penal y Procesal Penal, el Ministerio Público aspira a que el sistema acusatorio le dé la flexibilidad y la mobilidad de poder hacer cualquier tipo de diligencia que le permita demostrar los hechos.
Las autoridades de la entidad solicitan que se eliminen los formalismos, para permitir que se puedan dar autorizaciones por internet y por teléfono, en casos excepcionales, por ejemplo, en una operación encubierta relacionada con el crimen organizado.
Con el cambio al sistema acusatorio lo primero que hay que hacer es reforzar y ampliar tanto el recurso logístico como humano de la Policía Técnica Judicial como del Instituto de Medicina Legal para una respuesta rápida, señaló el fiscal de Delitos contra la Propiedad Intelectual, Ramiro Esquivel.
De lo contrario, no se podrían justificar las medidas adoptadas y estaríamos liberando a los sospechosos en un tipo de delito, acotó.
En 36 horas, los fiscales sustentarán, con pruebas, la vinculación del investigado, y los suficientes elementos que apunten a que están frente al sospechoso.
Los miembros del Ministerio Público analizarán el anteproyecto de reformas a los citados códigos, que fueron entregados a la Asamblea Nacional.
Revisarán cuáles fueron los cambios efectuados a partir de la sugerencia que hizo el Ministerio Público para reevaluar las críticas, comentarios y análisis realizados.
También han consultado a expertos vinculados a las reformas de Chile, Argentina, Santo Domingo y Colombia, por lo que se llegó a la conclusión, de que la propuesta que se presenta hoy día en Panamá es la menos acusatoria de todas.
Esquivel sostiene que les preocupa conocer si los objetivos que se buscan con estas reformas, que es el obtener una justicia pronta y efectiva, se van a alcanzar.
Agrega que parte de la base del Código Penal es inquisitivo y ritualista, y tal como está hoy día no va a ser lo suficientemente rápido.
Si la base está mal elaborada, o incorrectamente planteada, entonces cómo poder trabajar con esa base, se preguntó el fiscal.
Estimó que es necesario replantear si realmente se busca mejorar la base del sistema, los pilares estructurales para hacer la comparación.
El Ministerio Público aspiraba a que el proyecto en su momento fuera remitido al Pacto de Estado por la Justicia, porque es allí donde se origina el debate y están las personas representativas de la sociedad en general y los usuarios del sistema. Por consiguiente se hubiese hecho un examen técnico posterior para discriminar si se cumplieron los objetivos originales que buscaba el Pacto de Estado.
En el tema de las investigaciones, el fiscal Ramiro Esquivel explicó que no es igual trabajar en casos como un hurto que el blanqueo de capitales, por ejemplo, ya que se requiere ampliar el tiempo de investigación.
Para este tipo de delitos, donde actúa el crimen organizado, no se debe medir el tiempo de investigación, tampoco revelar lo contenido en el expediente.
Requieren que se flexibilicen los términos de tiempo, contar con herramientas novedosas de investigación en las operaciones encubiertas, y los códigos deben estar a tono con este tipo de investigación.
Aunque el anteproyecto aumenta el término de investigación a dos años, se tienen que afinar los temas de testigos protegidos para efecto de hacer las pesquisas como deben ser.
Esquivel considera que mientras no se haga ninguna diligencia que afecte los derechos de una persona determinada, el tiempo tiene que correr normal con el tema de prescripción de la acción penal, pero no limitarla de uno a tres años.
Una vez realizada la investigación preliminar, se debe resguardar la reserva del expediente y no someterla a ningún plazo.
Esquivel plantea que dependiendo de los casos se busque la fórmula de agilizar la administración de la justicia.
Por ejemplo, el aplicar la desestimación cuando no hay pruebas; llegar a acuerdos, lograr la confesión, y la condena, lo que podría evitar el ahorro al Estado de los enormes gastos que provocan los procesos.
Considera que el 80% de los casos debe ir por este tipo de vías, y lograr la justicia reparatoria.
Para el jurista si estos métodos no son aplicados se corre el riesgo de que el sistema colapse.
El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. 541 de 17 de noviembre de 2005, designó una Comisión Codificadora.
Esta Comisión estaría encargada de preparar los anteproyectos de Código Penal y Código de Procedimiento Penal o Punitivo, tomando como base la revisión hecha por la Comisión Técnica, nombrada paralelamente a la codificadora, en el mismo texto legal.
Once juristas integran la Comisión Codificadora.