Su vocación por defender los derechos humanos de la población y por asegurar el beneficio colectivo de quienes más lo necesitan, la mantienen firme. Pero la indiferencia, silencio y pasividad de la comunidad le molesta y preocupa, porque promueve el juega vivo de los políticos.
Se trata de la abogada Magaly Castillo, quien hoy es la Directora Ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, una organización no gubernamental que lucha por el mejoramiento del sistema judicial panameño.
Ese llamado lo lleva dentro desde que inició sus estudios secundarios en el Instituto Nacional hasta graduarse en la Universidad de Panamá en 1989, y la ha llevado a trabajar en organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de los derechos humanos, pasando por el Centro de Asistencia Legal Popular, la Comisión de Justicia y Paz y actualmente en Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Es una activista de los derechos humanos, que en estos momentos se preocupa por las reformas judiciales, porque no puede haber en el país ambiente para el respeto a los derechos humanos, "si no existe un sistema de justicia adecuado, donde se respeten las garantías de las personas, donde haya independencia del Poder Judicial y acceso a la justicia", asegura.
Contrario a lo que muchos políticos piensan, por sus posiciones críticas, Castillo nunca ha sentido la motivación de participar como candidata a algún puesto de elección popular, aunque se lo han ofrecido.
Confiesa que le "gusta la política, no la política partidista". Los temas de interés colectivo son su vocación.
No se ve en una posición pública. Y lo reafirma con un No y una carcajada. Al ser consultada si le gustaría estar en un puesto público, responde que no se ve en una de estas posiciones. "Yo pienso que no.. Jajaja".
Siente que tiene un rol que jugar y que no ha desarrollado, a lo que se pregunta ¿quién va a venir a empujar esto?, ¿dime?..¡Jajaja!
Para Castillo, este es el año decisivo para reformar la justicia, "el Gobierno debe cumplir con lo que prometió" al firmar el Pacto de Estado por la Justicia. Además de estas reformas, una tarea pendiente y muy importante es que se despolitice el sistema, en especial cómo se nombra a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
"Eso no va a ser fácil, porque sabemos que el Ejecutivo quiere seguir teniendo el control para decidir quiénes son los magistrados. Queremos que no haya bandos políticos dentro de la Corte. Ese es el principal reto, porque mientras tengamos una CSJ politizada, no habrá confianza en la administración de justicia, y se mantendrá la crisis de credibilidad que tiene actualmente".
El Organo Judicial busca fortalecerse como una estructura fundamental de la democracia panameña.
Por cada 10 casos que resuelve el juzgador ingresan 12 nuevos al sistema.
Cada juzgador resuelve un promedio de dos casos por día.
En el 2006 se resolvieron en este órgano del Estado 55, 353 casos.
El diagnóstico de la realidad del sistema de justicia en las comarcas indígenas se inició en enero de 2006.
El Organo Judicial ha recibido apoyo del Poder Judicial de Brasil. Una delegación presentó los sistemas y tecnologías que enmarcaron el proyecto "Justicia sin papel".
La inversión del Organo Judicial durante el año 2006 en equipo informático fue de 1 millón 1995, 357.82 dólares.
Este año se elaborará un plan de divulgación de los derechos de los indígenas y de acercamiento al Organo Judicial.
