Hay un déficit ético con los casos de alto perfil

Luego de que el diputado de la provincia de Los Santos, Carlos "Tito" Afú, denunciara que había recibido el pago de seis mil balboas de los 20 mil que le ofrecieron por aprobar la ley del CEMIS, existe una mora total en las averiguaciones.
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, consideró que ya es tiempo de que en Panamá se acabe con el "tortuguismo" que existe en materia judicial.
"Esta lentitud judicial también se debe a la falta de valor y coraje para desempeñar el cargo de algunos funcionarios, cuando se trata de investigar a personas poderosas o altos servidores públicos", dijo.
A su parecer, "esta demora no tiene ninguna justificación. Uno de los peores males que tiene la administración de justicia en Panamá, es la demora en los casos".
"Muchas veces la demora en este tipo de casos es hasta intencional, lo que en mi opinión a veces debiera ser hasta delictivo", dijo.
En tanto, para la presidenta Ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín Justiniani, el mensaje es muy claro: "la impunidad sigue siendo el mayor obstáculo para que la lucha contra la corrupción sea efectiva".
"Si eres diputado, ex presidente, magistrado de la Corte o tienes un elevado poder adquisitivo, las posibilidades de que seas condenado por la comisión de un delito en este país, son extremadamente bajas. De hecho, si hacemos memoria, prácticamente no hay antecedentes en los últimos 40 años de República en ese sentido. Tenemos un déficit ético, y quienes pueden hacer la diferencia no hacen su mejor esfuerzo", precisó Maytín Justiniani.
De acuerdo con el seguimiento que la Alianza Ciudadana Pro Justicia ha dado al tema, mediante la Resolución del 17 de septiembre de 2003, con el criterio disidente de los magistrados Arturo Hoyos, Adán Arnulfo Arjona y Rogelio Fábrega Zarak, la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo el proceso al no contarse con la autorización de la Asamblea Legislativa para el levantamiento de la inmunidad, a fin de proceder penalmente en contra de sus miembros.
En su momento, la entonces procuradora general de la Nación encargada, Mercedes Araúz de Grimaldo, promovió un recurso de reconsideración contra dicha resolución, el cual fue rechazado por el Pleno de la Corte.
El 3 de marzo de 2005, la actual procuradora de la Nación presentó petición a la Corte para la reapertura del caso; no obstante, a la fecha, dicha solicitud se encuentra pendiente de resolver, siendo el magistrado ponente Jacinto Cárdenas. Si desea conocer más sobre el estado de este caso, puede acceder a la página www.alianzaprojusticia.org.pa.
El 16 de enero de 2002, el legislador Carlos "Tito" Afú acusó a la bancada del PRD, en ese entonces en oposición, y a la alta dirigencia de ese colectivo del pago de sobornos, quienes rechazaron las acusaciones al paso.
El segundo vicepresidente de la República, Rubén Arosemena, quien en el 2002 fungía como presidente de la Asamblea, exigió una investigación inmediata. El tiempo demostró que sus palabras fueron ignoradas.