P.A. ¿Por qué ha mantenido silencio cuando los medios de comunicación le han solicitado información sobre posibles casos de corrupción en el Estado?
G.B. Debemos partir de un principio de que todo ciudadano tiene derecho a que se presuma su inocencia, hasta que se demuestre lo contrario. Y esa demostración tiene que realizarse luego de que se desarrolle un debido proceso y ante los tribunales competentes. Dilucidar una investigación técnica, como lo son las auditorías, frente los medios, sería violarle ese derecho que tiene toda persona dentro de un sistema democrático, lo cual se encuentra consagrado en la Constitución y en las leyes.
P.A. ¿La ciudadanía tiene una percepción de que la Contraloría está al servicio de la Presidencia de la República y que es poco lo que hace en materia de control de gastos públicos.
G.B. La Contraloría tiene plenamente establecida en la Constitución, cuáles son sus responsabilidades. Hacer algo que no le está permitido sería una violación a las normas plenamente establecidas. No es la Presidencia de la República la que dictamina cuáles son las funciones de la Contraloría. No obstante, es importante señalar que quien dirige el Estado panameño es el gobierno y ese gobierno no surgió de la nada, el mismo fue escogido a través de unas elecciones democráticas y es a él al que le corresponde dirigir la nave del Estado. La Contraloría tiene que fiscalizar la correcta administración de los bienes de la sociedad. Con ello queremos decir que la institución no es que está al servicio de la Presidencia, pero desconocer que es esa Presidencia la que administra el Estado, sería estar completamente fuera de la realidad y en contradicción con las normas.
P.A. ¿Por qué la Contraloría no frena los gastos excesivos en autos lujosos en instituciones del Estado en las cuales hay muchas carencias?
G.B. Las instituciones tienen un representante legal que las administra y quien a su vez tiene la responsabilidad de cuidar y custodiar de la mejor manera posible los bienes y recursos de cada una de ellas. Le corresponde a la Contraloría velar para que las normas establecidas en la adquisición de esos bienes cumplan con lo que está establecido. La Contraloría no puede, salvo excepciones claramente definidas, decirle a un regente de una institución gubernamental qué debe comprar o qué no. Si llegamos a esa situación entonces caeríamos en una co-administración, hecho que legalmente no nos está permitido y podríamos a su vez extralimitarnos en nuestras funciones. Sin embargo, ya hemos hecho fuertes señalamientos a esos altos funcionarios para que se abstengan de comprar equipos que vayan más allá de lo que verdaderamente necesita la institución.
P.A. ¿La Contraloría revisa detenidamente las contrataciones directas? Sobre todo porque el Ministerio de Economía advirtió que éstas han sido excesivas.
G.B. Las contrataciones directas, si bien es cierto tienen un mal sabor para algunos, están tipificadas en la Ley. Es más, la reglamentación para el desarrollo de las mismas también está claramente definida. Lo pecaminoso es cuando se abusa de ellas o no se realizan con transparencia. Legalmente le corresponde a la Contraloría fiscalizar que esa reglamentación se cumpla al pie de la letra, sin que ello se proyecte como una intromisión administrativa, o lo que es peor un intento de co-administrar el Estado.
P.A. El Gobierno ha hecho fuertes acusaciones de corrupción en la administración anterior. ¿Cuántas investigaciones ha abierto la Contraloría, cuántas ha mandado al Ministerio Público y cuáles son las más emblemáticas?
G.B. Los informes de auditoría que se han enviado a otras instancias, tales como el Ministerio Público, Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas son 41. Las más emblemáticas son: El caso FIS. Auditoría especial a las operaciones financieras y administrativas del 1 de septiembre de 1999 al 31 de diciembre de 2009. (82% de avance).
El caso del MIDES sobre la adquisición de bienes y servicios a las empresas ERMIS S.A. y ASTERAS S.A. que lleva un 75 % de avance.
En el MEDUCA, con la ejecución de los contratos del Programa Escuelas Rancho por Escuelas Dignas. (80% de avance)
Al Municipio de Panamá, por la ejecución del proyecto la Navidad más grande del mundo. (95% de avance)
Igualmente, al PRODEC de Chiriquí, Herrera, Veraguas y Coclé. La primera tiene 80% de avance y el resto un 5% de avance.
En la Asamblea Nacional se investiga la pérdida de cheques de la planilla (75% de avance).
En la Autoridad de Tránsito se revisan los sistemas de infracciones menores de tránsito. y en el Municipio de Penonomé, se hace una auditoría especial relacionada con la contratación de las empresas recolectoras del servicio de basura.
P.A. ¿Cuántas investigaciones ha iniciado su gestión por malos manejos?
G.B. Se han realizado 247 auditorías y en ejecución hay 131. Es importante destacar que, adicional a esto hay 290 solicitudes pendientes del período 2002-2009.
