Un tecnicismo jurídico podría acarrear un acto de impunidad en un hurto de 5 millones de dólares; es la advertencia que hace la vista fiscal del 30 de abril de 2013, elaborada por la fiscal octava de Circuito de lo Penal, Dania Ríos.
La opinión del despacho de instrucción se basa en que las tácticas dilatorias de este proceso, que lleva 13 años en la Corte, logrará eximir de la pena a las dos procesadas en este caso, al decretarse la prescripción de la acción penal.
Las dos imputadas fueron sentenciadas a tres años de prisión en mayo de 2006, por el Juzgado Decimoquinto de lo Penal, por la comisión del delito de hurto (el cual prescribe después de seis años), al encontrarse indicios, mediante periciales, que se falsificó la firma de un poder administrativo del caudal hereditario del señor Pedro Sáenz Graell.
Este caso se originó en el año 1998, cuando familiares del señor Sáenz Graell, quien en ese entonces tenía dos años de fallecido, se enteraron de que su fortuna valorada en 5 millones de dólares había sido hurtada con documentos falsos.
Ahora la defensa de las dos acusadas presentó un escrito solicitando la devolución de los bienes de sus defendidas, tras la prescripción de la acción penal.
En la vista, Ríos explica que la prescripción de la pena no significa que el hecho no se ejecutó, por lo tanto, expresa que el caso sea remitido al juzgado tercero de lo civil para el respectivo juicio de sucesión.
