“Alguien está mintiendo”. A esa conclusión llegó el abogado Víctor Martínez, quien hizo un estudio económico que asegura que el Corredor Sur ya se pagó con “creces”, ante las contradictorias versiones del Gobierno y la empresa ICA-Panamá sobre las auditorías hechas a la obra.
Mientras los ministerios de Economía y Finanzas y de Obras Públicas aseguraron una y otra vez a este medio que las auditorías a ambos corredores “están en proceso”, ayer Diego Hernández, gerente de la empresa ICA, constructora del Corredor Sur, reveló que “se han efectuado auditorías con anterioridad y que la última fue realizada por el MEF en el 2005”.
Secreto.
Hernández negó que ICA haya superado el monto recuperable de B/ 306.7 millones que había pactado con el Gobierno en el contrato de 1996, como asegura la firma de abogados Cochez, Martínez y Asociados en un informe.
Los abogados sostienen que de acuerdo a información del Registro Público, ICA no solo recuperó su inversión, sino que “excedió” sus ganancias.
Las declaraciones de Hernández coinciden con un comunicado de ICA que indica que desde junio de 1999, cuando se inauguró el Corredor Sur, han enviado cada mes reportes de ingresos al MEF, MOP y la Contraloría General de la República.
Sin embargo, dejaron claro que no emitirían opiniones sobre las decisiones “que dependen del Estado”, pues el MOP es el encargado de suministrar la información que estime conveniente.
Incongruencias.
El abogado Víctor Martínez, quien solicitó una auditoría “urgente” a los ministros, Benjamín Colamarco, Héctor Alexander y al contralor Carlos Vallarino, dijo que esta situación merece ser investigada penalmente, porque ICA ha reconocido que envió información financiera a la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos que demuestra que “sí rebasó las ganancias”.
Martínez dijo que solicitará que se investigue a los funcionarios responsables de publicar las auditorías, por el presunto incumplimiento de sus deberes de administración pública.
ICA comunicó que el período de concesión del Corredor Sur se pactó con el Estado por un período de 30 años a partir de junio de 1999.
