La Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica analizó este fin de semana el tema de la violación de los derechos humanos en algunas instituciones de seguridad pública y las denuncias de despidos de más de dos mil empleados públicos por el gobierno de Mireya Moscoso.
Delegados de diferentes provincias del país expusieron sus informes en torno a las denuncias de violación de derechos humanos en sus respectivas áreas de jurisdicción.
Fuentes vinculadas a la comisión rechazaron brindar mayores informes en torno a los resultados de esta reunión, pero prometieron que en los próximos días se emitirá un comunicado al respecto.
Por otro lado, los directivos nacionales de la Comisión de Justicia y Paz definieron el cronograma de trabajo y los proyectos a ejecutar en el próximo período, entre los cuales tendrán prioridad la situación de los derechos humanos en las cárceles del país y las condiciones en las que se mantienen y tratan a los procesados.
La Comisión de Justicia y Paz, exigió recientemente a la Corte Suprema de Justicia que inicie las indagatorias para determinar el grado de violación a los derechos humanos que se cometen en la Policía Técnica Judicial (PTJ).
También pidió una sanción ejemplar para quienes violenten dentro de las instituciones de seguridad, los derechos de los procesados, ya que Justicia y Paz tiene conocimiento de que en la PTJ se viene violentando desde hace mucho tiempo los privilegios de los detenidos.
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