La Iglesia Católica y la Sociedad Civil apoyan que Panamá sea demandada internacionalmente por violar los derechos humanos del menor, si la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto de ley que penaliza a los menores como adultos.
En un comunicado, estos grupos reconocen que en Panamá la violencia es una realidad cotidiana y que alcanza niveles de gravedad, pero argumentan que la participación de menores en estos hechos es reducida y provocada por la falta de reglamentación de la Ley 40 sobre el Régimen de Responsabilidad Penal del Menor aprobada en 1998.
Maribel Jaén, directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, aseguró que hace falta que el Gobierno enfrente este problema con los recursos existentes y no propicie la ley conocida como "Mano Dura", que sólo lleva a la represión y no a mejorar la conducta del joven.
En tanto, Daysi de Guevara, de la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral Familiar, señaló que la delincuencia juvenil va de la mano con el desempleo, el hacinamiento, la falta de oportunidades, la expulsión y deserción escolar, el trabajo prematuro, la desintegración familiar y la facilidad de obtener y exponerse al consumo y tráfico de drogas.
Sin embargo, indicó que esta situación puede ser corregida si se aplican los mecanismos vigentes y dotando a los organismos que trabajan con los jóvenes de los recursos necesarios.
Acusó a los medios de comunicación de tratar el tema de la delincuencia de menores con sensacionalismo.
La Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis, la Pastoral Social Arquidiocesana, la Arquidiócesis de Catequesis, la Pastoral Educativa, los laicos y laicas, el equipo de evangelización, Pastoral Afro y la Compañía de Jesús suscriben el comunicado.
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