La Oficina Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica calificó como "inmoral" que los funcionarios exijan "excesivos salarios" como una condición para prestar un servicio eficiente a la comunidad y advirtió que fue una inmoralidad destinar B/.12 millones en el referéndum sobre la reelección presidencial.
El presidente Ernesto Pérez Balladares enfrentó críticas al principio de su gobierno por duplicar de B/.5 mil a B/.10 mil el salario de sus ministros de Estado.
"Es inmoral el funcionario público que exige o recibe un excesivo salario, como condición para prestar un servicio eficiente a la comunidad", destaca.
El documento "Participación política desde las personas empobrecidas", elaborado por la Pastoral, afirma que el buen político no es sólo el que gana las elecciones, sino también el que desempeña perfectamente su función defendiendo los intereses del pueblo.
Añade que es también importante que los políticos presenten características de humildad y honestidad.
"Y cuando hay ausencias de virtudes, el mal del dinero fácil corroe no sólo a funcionarios públicos, sino a los privados que desempeñan altos puestos en las empresas, en fin a todos los actores de la sociedad", sostiene.
Sobre el referéndum, la publicación de la Iglesia Católica señala que "acaso no es inmoral gastar en un país pobre como el nuestro, 12 millones de balboas, en una pregunta que no fue discutida, ni decidida por la mayoría".
¿Por qué no hacen una consulta para preguntarnos, qué debe hacer el gobierno para resolver la pobreza y el desempleo?, ¿Qué deben hacer las empresas y el gobierno para lograr una igual distribución de la riqueza entre todos los ciudadanos?, pregunta.
Destaca que la derrota de Pérez Balladares en el referéndum se debió a que "muchos" castigaron al gobierno por privatizar empresas, desmejorar las condiciones laborales e "irrespetar" a los docentes por modificar la estructura del sistema educativo y eliminar las jubilaciones especiales.
Añade que en la victoria del No también fue importante el voto contra la "política antinacionalista del gobierno, que ha pretendido favorecer la permanencia de bases militares en el territorio nacional después de diciembre de 1999".
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