La Iglesia católica tiene una posición opuesta a la del procurador José Antonio Sossa, quien pidió al Ejecutivo el veto de la ley penitenciaria. El obispo José María Ariz solicitó a Sossa que pase un día en una cárcel para que conozca la necesidad de un interno por reincorporarse a la sociedad.
El obispo de Colón consideró que la ley debe ser para el beneficio de los internos y no pude perder la parte humanitaria para lograr su aprobación.
El proyecto de ley ha sido fuertemente cuestionado por el procurador Sossa, quien considera inconstitucional que el director del sistema penitenciario sea facultado para otorgar permisos laborales como permite la cuestionada norma.
“Yo quisiere que el procurador estuviese un día de director en un reclusorio y que viera la dura realidad por la cual atraviesan los reclusos”, dijo Ariz.
Agregó que los internos tienen derecho a recibir beneficios como libertad laboral, aunque hayan cometido un delito.
Según el obispo, ninguna ley es perfecta, aunque aseguró que en este reglamento se establecen ciertas condiciones para evitar los abusos que pudieran generarse al otorgar los permisos laborales. “Creo que funcionará correctamente”, afirmó.
Dijo que ningún director puede dedicarse únicamente a reprimir o castigar, ya que por su función es la persona que más conoce de los problemas y las conductas que se generan dentro de los centros penitenciarios.
“Amerita que se sancione la ley, porque la (norma) vigente data desde 1941, antes de los derechos humanos”, señaló.
Consideró que las cárceles panameñas no tienen un buen sistema reformatorio y que deben modificarse para cambiarlas en sitios donde haya oportunidad de arrepentirse y reformarse para retornar a la sociedad.
Por su parte, la procuradora suplente, Mercedes Araúz de Grimaldo, coincidió con Sossa en que el otorgamiento de estos permisos se presta para realizar negociados en su aprobación, ya sea con los reclusos o sus apoderados.
“Pero esto depende de la persona que tiene la potestad para aplicar las leyes. Sus malas acciones crean los resultados negativos”, expresó.
El proyecto de ley penitenciario fue aprobado en el último periodo de sesiones de la Asamblea Legislativa y sólo falta la sanción de la presidenta Mireya Moscoso para convertirse en ley de la República.
Sossa envió una carta a Moscoso pidiéndole que vete este proyecto, por considerar que los permisos laborales se prestan para actos de corrupción.
Iglesia y procurador difieren sobre cárceles
Mientras, la Procuraduría insiste en que la aprobación de los permisos laborales se presta para la corrupción.
