En una resolución expedida durante el período de la ex directora de Migración, Ilka de Barés, se solicitó al Tribunal Electoral la confección de la cédula panameña al narcotraficante Pablo Rayo Montaño, ya que, supuestamente, constaba que tenía residencia permanente y era un inversionista.
El director Nacional de Cedulación, Luis Bermúdez, dijo que el Tribunal Electoral en caso de extranjeros emite la cédula a pedido de Migración, que es la entidad que debe velar porque el beneficiario cumpla con todas las exigencias legales.
La Resolución 3559 del 10 de julio de 2002 fue firmada por el entonces subdirector de Migración, Javier Tapia, en reemplazo de Barés.
El subdirector Tapia dijo que cuando se expidió la resolución no existía ningún informe de inteligencia que señalara que el colombiano estaba involucrado en actividades ilícitas.
La compleja telaraña de sociedades anónimas y empresas creadas por Rayo Montaño y su red, intentaban ocultar el manejo de un flujo de más de B/.5 millones.
La red era respaldada por 15 sociedades anónimas y 39 cuentas bancarias, por las cuales se triangulaba el dinero que era invertido en bienes raíces y en otras actividades de fachada.
Las sociedades anónimas creadas en Panamá aparecen a nombre de Sonia Mosquera, quien fue registrada como presidenta, vicepresidenta y tesorera de algunas de las sociedades de papel.
Entre estas empresas figuran Guabala Property, Valencia Service, Comercializadora, Agropecuaria Talingo, Invermar del Caribe, Pesmar S.A. y Caesa.
La única de las compañías en donde aparece Rayo Montaño como presidente es la denominada Mi Familia Amorosa, que fue utilizada para la adquisición de una vivienda en el sector oeste de Panamá.
