Los padres de familia que integran las Juntas Educativas Regionales (JER) acordaron una serie de acciones para impedir que el gobierno nacional, mediante decreto ejecutivo, las elimine, luego del fracaso que se registró en la Asamblea Legislativa.
Bernardino Peralta, presidente de la Junta Regional Educativa Panamá Centro Oeste y Kuna Yala, denunció que la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, con el apoyo de los dirigentes magisteriales, están tratando de derogar la Ley 28 de 1997 que crea las JER.
Los defensores de las leyes señalan que estas juntas constituyen un mecanismo eficaz de impulsar la participación de la comunidad educativa (padres de familia, docentes y líderes comunitarios) en la toma de decisiones para asegurar una mejor selección de los educadores, personal directivo, de supervisión y además promueve el desarrollo de la educación en cada una de las regiones del país.
De acuerdo a un decreto ejecutivo que fue elevado a consideración de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, se eliminan las diez JER y en su lugar se crean tres juntas regionales, siendo las mismas la de Oriente, la Central y la Occidental.
La Junta de Oriente incluye a las provincias de Panamá, Colón y Darién, y a la Comarca de San Blas; la Central a Coclé, Veraguas, Los Santos y Herrera, y la Occidental a Bocas del Toro y Chiriquí.
Los padres de familia reunidos ayer presentaron una solicitud a la presidenta de la República, para que no se apruebe este decreto Ejecutivo y dependiendo de los resultados realizarán una reunión el próximo sábado en la provincia de Chiriquí.
Establece igualmente que los representantes de los educadores y de los padres de familia ante las Juntas Educativas Regionales que se crean en este decreto, serán elegidos mediante votación directa de los educadores de cada nivel y de las asociaciones de padres de familia de cada uno de los centros educativos establecidos en las regiones escolares.
Estas juntas deberán instalarse en su respectiva sede a más tardar 30 días después de haber iniciado el año escolar del año 2001 y las labores de las mismas serán coordinadas por la Dirección General de Educación .
Los miembros de las JER devengarán un salario de 800 balboas mensuales y los representantes de los educadores continuarán devengando el salario inherente a su condición de educador.
El artículo siete de este decreto establece que mientras se integren las JER, funcionarán Comisiones Regionales de Selección de Personal que estarán integradas por un representante de los educadores del primer nivel de educación propuesto por consenso por los gremios educativos establecidos en las regiones escolares respectivas; un representante de los educadores de segundo nivel, escogido bajo los mismos patrones y un representante designado del Ejecutivo, designado por el Ministerio de Educación.
Peralta denunció que este decreto elimina la participación de los padres de familia en las JER y recordó que la Constitución Nacional de la República, en su artículo 87 establece que los padres tienen derecho a participar en el proceso enseñanza-aprendizaje en la educación de "nuestros hijos" y ese mandato lo desarrolla la Ley Orgánica del Ministerio de Educación de 1947 y en su adición de 1995.
De acuerdo a Peralta, un grupo de dirigentes de maestros y profesores tratan de impedir que los padres de familia participen en el proceso de enseñanza porque "nos hemos convertido en fiscalizadores de sus funciones".
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