Las empresas panameñas dedicadas a la importación de vehículos usados, mostraron ayer su rechazo al proyecto de Ley 131 por el cual se dictan normas sobre la importación de vehículos de segunda.
Los representantes de la Asociación de Empresas Importadoras de Vehículos Usados, sustentaron su oposición al proyecto de ley ante la Comisión de Comercio, Industrias y Asuntos Económicos, que discute en primer debate la propuesta.
El abogado Darío Eugenio Carrillo, quien representa a las empresas, sostuvo que los artículos 1, 2, 3 y 6 tienden a limitar el libre ejercicio de derechos legalmente garantizados al ciudadano.
El artículo 4 exige un inventario de repuestos de los vehículos que se importen para obtener la licencia, lo que no tiene fundamento, ya que actualmente existe un número plural de empresas proveedoras legalmente habilitadas, que cuentan con los repuestos necesarios para todo tipo de automóviles y los medios tecnológicos.
Precisó que esta práctica se ha vuelto habitual en los distribuidores de automóviles nuevos, quienes incluso exigen un abono anticipado del pedido.
Alegó que mantener un inventario sin movimiento de repuestos encarecería el precio del vehículo, perjudicando al consumidor.
También estimó que la redacción del artículo 5 limita el ejercicio de la propiedad privada legítimamente adquirida, prohibiendo al dueño la posibilidad de disponer de su vehículo en 12 meses, por lo que podría ser demandado por inconstitucional.
