A diferencia de la campaña electoral de 1999, cuando se impugnaron 7,000 cambios de residencias, en la campaña que está pronto a iniciarse se han presentado entre 1,200 y 1,300 impugnaciones, sostuvo el fiscal electoral Gerardo Solís.
Aunque el 15 de julio es la fecha límite para elevar las impugnaciones, el funcionario cree que la democracia panameña está avanzando porque en esta ocasión ha habido menos personas cometiendo este delito.
Solís agregó que la fiscalía ha presentado al Tribunal Electoral 1,200 impugnaciones para pedir que esas personas sean excluidas del Padrón Electoral, además de 700 casos de personas que mintieron al Tribunal Electoral al informar sobre su lugar de residencia y que obviamente lo hicieron para favorecer a un candidato a puesto de elección popular.
Aseguró que el Tribunal Electoral realiza semanalmente unas 10 audiencias por delitos electorales relacionados con cambios de residencia de forma fraudulenta y en la mayoría de los casos se condena a las personas investigadas.
Las personas que son condenadas en estos casos pueden recibir una condena de 500 días multa y en caso que no puedan pagar en efectivo, podrán ser sancionados con pena de cárcel.
Pero los instigadores para que se cometan este tipo delitos también son sancionados con penas de cárcel equivalente a 1,000 días multa y además se le impide correr para un cargo de elección popular.
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