Entre las transformaciones planteadas están: la división de los Órganos, derechos y garantías fundamentales, acceso a la tutela judicial, defensa judicial pública incorporada a la Defensoría del Pueblo, ampliación de la cobertura de protección de las garantías constitucionales, eficacia de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos.
Asimismo mejorar el método de selección y remoción de los magistrados de la Corte Suprema y los Procuradores, la creación del Consejo Superior de la Judicatura, y un Tribunal de Justicia, entre otros.
La propuesta presentada ante la Comisión de Estado por la Justicia, mereció amplia discusión y estuvo dirigida a satisfacer la necesidad de revisar los principales aspectos de la Administración de Justicia desde la perspectiva constitucional, haciendo énfasis en el principio de la supremacía constitucional como eje articulador del sistema de derechos y de garantías constitucionales sobre el cual se diseña la organización de los servicio judiciales y la guarda de la Constitución.
Durante el trabajo de la subcomisión, se consultó los proyectos de Constitución presentados por el Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados (ILDEA) 1993, Instituto de Estudios Nacionales (IDEN)1994, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) 2003, y el Proyecto del Centenario de la Asamblea Legislativa 2003.
La subcomisión está coordinada por el defensor del pueblo, y la conforman además Rigoberto González, secretario general de la Procuraduría de la Nación; Salvador Sánchez, secretario técnico de Gobierno de la Asamblea de Diputados; Jorge Giannareas, constitucionalista; James Bernard, secretario general de la Defensoría, y Rodrigo García, Oficial de Derechos Humanos.
En la última reforma constitucional, la Defensoría del Pueblo logró que se derogara las leyes de desacato, se reconociera el derecho del libre acceso a la información pública y su garantía el hábeas data, así como también se elevara la Defensoría a nivel constitucional.
Al presidente de la República Martín Torrijos le tocará recibir todas las recomendaciones hechas en materia de justicia y tomar cartas en el asunto.
La Comisión de Estado por la Justicia estará integrada por representantes de los tres Órganos del Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de la Administración, la Defensoría del Pueblo y el Colegio Nacional de Abogados.
