Los estamentos de seguridad lograron incautar 10.7 toneladas de cocaína durante el presente año, cuatro más que el pasado año y con una inusual participación de los cárteles mexicanos, reveló ayer el fiscal de Drogas, Rosendo Miranda.
Miranda detalló que las incautaciones de este año se realizaron en una variedad de operaciones efectuadas en las costas de las provincias de Panamá, Colón, Coclé y Veraguas. Además, señaló que se logró detectar una creciente fusión entre los cárteles colombianos y mexicanos.
Entre los casos en donde se ha registrado participación de los cárteles mexicanos se encuentran cinco en los que se han decomisado 3,068 kilos de cocaína y 9.8 millones de pastillas seudoefredina, material básico para la elaboración de cocaína.
El funcionario de instrucción sostuvo que entre las acciones más sobresalientes están la Operación Diamante, en donde se decomisaron 2,487 kilos de cocaína a los carteles mexicanos, en tanto que en la operación Playa Blanca se encontraron 500 kilos de cocaína y se incautaron dos fincas en Capira.
Además, las estadísticas señalan que de 1998 al 2003 se logró la incautación de 9 toneladas de drogas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, lo que demuestra un repunte en la actividad de los narcotraficantes.
También se detalló que se ha notado un estrecho vínculo entre los decomisos de drogas y armas de guerra y el de B/.1.7 millón en el interior de un vehículo, que luego se estableció pertenecían a una red de narcotraficantes con su centro de operaciones en el área de Buenaventura, Colombia.
A la vez se informó que un 4% de la droga incautada tenía como destino el mercado local. Por otro lado, se estableció que los investigados por casos de droga fueron 1,797, de los cuales permanecen detenidos 1,082 y sólo 745 quedaron libres de cargo.
La primera implica una actividad económica en menor escala que la industrial, en ella el pescador comerciará el resultado, mientras que la de subsistencia es aquella cuyo producto es para el consumo de un día en una familia.
Contrario a lo que se piensa, aclara González, la norma garantizará la pesca artesanal, sujeta a restricciones que vienen dadas en el plan de manejo con fundamentos en criterios técnicos, donde incluso se define cada categoría.
Al hablar de artesanal se mencionan aparejos como mallas, redes y se diferencia de la de subsistencia por las dimensiones del barco, entre otros aspectos.
Por su parte, Sucre añade que varios estudios han demostrado que la reservas marinas bien protegidas son garantía de buena pesca para los mares vecinos y "es eso lo que intentamos".
La pesca indiscriminada está limitando la capacidad de los lugareños de sostener su forma de vida indefinidamente porque significa que "acabando ahorita con las especies que ellos pescan, en un futuro no muy lejano se habrá extinguido su forma tradicional de sobrevivencia".
Gian Castillero, directivo de MarViva, coincide plenamente con Sucre y reitera "lo que se quiere es regular la pesca y no prohibirla por completo".
Esta llamada "versión consensuada", subraya Castillero, si habla de prohibiciones cuando se refiere a la construcción de infraestructruras de alto impacto. Sólo se permitirán las de bajo impacto relacionadas con actividades de ecoturismo e investigación científica, según se indique en el plan de manejo".
Esas edificaciones implicarían mano de obra local. Es allí donde entrarían los pescadores de las zonas cercanas a Coiba que son áreas tradicionalmente pobres: Bahía Honda, Puerto Vidal y Pixvae, por ejemplo.
"Esta gente ha ido abandonando su pueblo. Para el censo de 1990 había el doble de habitantes en estos sectores que para el 2000. Si eso está ocurriendo en un distrito costero quiere decir que las condiciones son muy malas".
Es por ello que el desarrollo de las costas incrementaría el número de empleos y "podría venderse al turista la cultura y tradiciones de los pobladores".
Contenido patrocinado
Últimas noticias
