El abogado Boris Barrios alegó ayer que la Fiscalía no investigó a otros funcionarios vinculados con las supuestas irregularidades dentro del Programa de Ayuda para Viviendas de Interés Social (PARVIS) del Ministerio de Vivienda y que sólo se intentó vincular a empleados de menor jerarquía y consideró que por lo menos 10 de los encausados, quedarán en libertad.
Barrios, quien funge como abogado defensor de Cecilia Monteza, alegó que las pesquisas sólo se orientaron hacia ciertos funcionarios, pero quienes realmente conocían cómo funcionaba el programa PARVIS, nunca fueron citados a declarar.
Agregó que las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Primera Delegada no fueron completas y no se ejecutaron las diligencias correspondientes para establecer las responsabilidades sobre la utilización de los recursos asignados al PARVIS.
Planteó que durante los dos días de audiencia desarrollados no se ha presentado ninguna prueba contundente sobre la participación de los sindicados en los hechos. También explicó que las sumarias no tienen sustento legal.
Explicó que incluso la auditoría, sobre la cual se fundamentan la mayoría de los cargos, se practicó sin permitir a los presuntos involucrados poder responder por los cargos formulados dentro del proceso.
En tanto, la Fiscal Primera delegada, Cecilia López, aseguró que solicitará se compulsen copias del proceso a un juzgado de San Miguelito para que ejecuten una investigación contra los funcionarios que manejaron las asignaciones del PARVIS en ese sector.
Los funcionarios a investigar son Kathia Heron, Beitía y Fuller quienes se encuentran presuntamente implicados en las irregularidades y que se mencionan dentro del proceso, pero pertenecen a otro circuito judicial.
Para hoy se estima que todos los abogados defensores concluyan con los alegatos y el juez séptimo Felipe Fuentes decida si se amerita el llamamiento a juicio de los encausados, les da un sobreseimiento u ordena una ampliación de las investigaciones.
