La Corte Suprema de Justicia declaró que es inconstitucional el acuerdo expedido por el Tribunal Electoral (TE), por medio del cual reglamentó la Ley de Transparencia, clasificando cierta información de la institución como confidencial y restringida.
El TE mediante el acuerdo No.1 del 10 de junio de 2002 reglamentó la Ley de Transparencia señalando que las sentencias e inscripciones de adopción, la dirección residencial de los ciudadanos, las autenticaciones de cédulas y cualquier información que pueda afectar la vida íntima de los funcionarios han sido clasificadas como confidencial.
La acción de inconstitucional acogida por el pleno de la máxima corporación de justicia, fue promovida por el Licdo. Higinio Aguirre Caballero. Según el fallo, el TE invade la potestad que reserva la Constitución Nacional al Organo Ejecutivo de reglamentar las leyes.
Explica la Corte que el TE tiene facultad reglamentaria, pero exclusivamente en materia de la ley electoral, de conformidad con el artículo 137, ordinal 3 de la Constitución. La decisión de la Corte fue respaldada con opiniones similares que elevaron el procurador de la Nación, José Antonio Sosa; y la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher.
