Además de leyes, también hay autoridades facultadas para hacer que se cumplan, pero no ocurre así, sobre todo en materia del tránsito.
El Municipio de Panamá quiso poner en práctica un impuesto de revisión de sustancias contaminantes en los vehículos, pero generó más controversia que resultados positivos.
Ahora todo ha quedado en nada porque la norma dictada por el municipio fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia, la que en su fallo determinó la incompetencia municipal para regular esta materia.
Los vehículos contaminan la atmósfera con monóxido de carbono, dióxido de azufre, ozono y partículas suspendidas de plomo. Arturo González, director de Operaciones de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), indicó que las leyes 14 y 34, les adjudican responsabilidades en materia de emisión de gases en vehículos a motor. La institución es la regente en materia de revisión de vehículos en las vías públicas. La norma dictada por el municipio no fue del agrado de los dueños de talleres de revisión de vehículos, quienes la demandaron. La Corte Suprema respondió que los municipios no tienen facultad para regir sobre leyes ya vigentes.
En consecuencia, las normas relacionadas con revisión vehicular siguen siendo competencia única de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
Al respecto, González explicó que en la ATTT están revisando las normas remitidas por el Ministerio de Salud y que tienen el objetivo de crear una ley general sobre la protección del ambiente.
Tomando como base esas normas, se ha elaborado un anteproyecto de reglamento para las revisiones vehiculares. La ATTT consciente de que el revisado del vehículo -ahora en manos de empresas particulares- sigue siendo un problema y que no cumple con las normas de seguridad para el control de emanaciones, propone que se contrate a una empresa en el país para estos fines.
González reconoció que las empresas dedicadas a ofrecer los servicios de revisado de vehículos organizaron un movimiento de protesta, motivo por el cual se tuvo que suspender la aplicación de la propuesta que buscaba separar las funciones de quienes en la práctica actúan como juez y parte ante el problema grave de la contaminación de la atmósfera.
En efecto, las mismas empresas que reparan los autos son las que certifican la revisión de vehículos, por lo tanto el desacato y el incumplimiento de la norma siguen siendo el denominador común de miles de automóviles, principalmente de los buses de transporte y camiones.
Al respecto cabe indicar que las sanciones establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 223 del 1 de diciembre de 1998 ordena multas irrisorias de B/. 20.00 a los conductores cuyos carros estén " sin tubo de escape" y otros desperfectos que incidan directamente en la emisión de gases contaminantes.
González reitera que la ATTT es la entidad responsable de velar que las emisiones vehiculares se mantengan por debajo del nivel permitido. Admitió González que ante la cantidad de talleres de revisado de automóviles que no cumplen con las disposiciones legales vigentes, han tenido que cerrar varios, de los más de 200 que funcionan en el país.
Explicó, además, que la ley faculta a la Dirección de Tránsito de la Policía para que detenga y multe a los dueños de aquellos vehículos que dejen escapar gases sin los controles correspondientes.
Al respecto González reconoció que la nueva norma que se aspira aplicar es que la ATTT disponga de un dispositivo técnico que se le aplicará a los autos (en el tubo de escape) para poder medir el nivel de emanaciones.
La emisión de gases es producida por el desperfecto del motor del vehículo.
Explicó González que la gasolina que está llegando a Panamá tiene problemas con algunos elementos que deterioran el vehículo y que contribuyen a la emisión de gases. La ciudad de Panamá concentra más de 435,000 vehículos y a la vez la mayor cantidad de industrias, situación que a juicio de las autoridades relacionadas con el tema del medio ambiente, significa que el aire que respiramos está contaminado.
Según se desprende del informe elaborado por Vasco Duke Hernández -Coordinador Nacional del Programa Aire Puro y autor de "Calidad del Aire en Ciudad de Panamá 1996-2003", del Instituto Especializado de Análisis, la contaminación atmosférica está por arriba del 90% debido a las emisiones vehiculares.
Agrega el informe de Duke Hernández que lo anterior no quiere decir que estamos al borde de un colapso, pues hasta ahora sólo las calles, avenidas y sitios aledaños a estas calles y avenidas evidencian concentraciones por arriba de los límites permitidos.
Sostiene que "el aire en las zonas urbanas alejadas de un intenso tráfico vehicular gozan de un aire con poca concentración de contaminantes y con niveles por debajo de los límites considerados como máximos, pero si hacemos un promedio de todas las estaciones de monitoreo podremos apreciar que las concentraciones están por encima de los límites permitidos, y todos sin excepción estamos expuestos a respirar estos contaminantes".
El problema del aire que respiramos tiene una estrecha relación con nuestra salud y, en consecuencia, debe ser considerado como un problema de salud pública y seguridad ciudadana. El aire contaminado que respiramos produce irritación en los ojos, mareos, náuseas, fatiga, dolores musculares, alteraciones en el sistema nervioso.
Según explica Lourdes Trujillo, jefa de la Sección de Ambiente de Trabajo del Ministerio de Salud, el incremento en las enfermedades respiratorias se debe -en gran parte- a un creciente desmejoramiento en la calidad de aire que se respira en la ciudad de Panamá, generado por contaminantes atmosféricos tales como óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, plomo y partículas suspendidas.
Reconoció Trujillo que hay discrepancias entre el Ministerio de Salud y la ANAM en cuanto a la interpretación del capítulo IV del Código Sanitario que identifica medidas públicas para suprimir molestias públicas por ruidos, humo, gases tóxicos y otros.
La sección de Desechos Peligrosos del Ministerio de Salud elabora normas de calidad ambiental. La discrepancia entre ANAM y Salud no tiene justificación porque la competencia legal de ANAM se relaciona con el ambiente, en cambio al Ministerio de Salud le corresponde sancionar las quejas relacionadas con la salud pública.
Recordó Trujillo que desde 1998 en Panamá se empezó a aplicar la Ley 36 que restringe el ingreso de vehículos nuevos que no posean convertidor catalítico en sus motores. Según la ingeniera Beatriz Ho, encargada del programa de Monitoreo y Control Ambiental de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), desde hace varios años trabajan con el Ministerio de Salud sobre el control de emisiones a través de una Comisión Permanente.
Se trata de promover una reglamentación y se llevan a cabo jornadas midiendo las emisiones de los vehículos.
En materia de áreas más contaminadas de la ciudad capital, el informe de las Estaciones de Monitoreo del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá indica que San Miguelito representa la más alta densidad de tráfico del país con más de 100,000 unidades por día. En el distrito hay un centro del transporte colectivo para rutas secundarias y es considerado como punto de alta contaminación.
