El Estado panameño deberá pagar a la empresa Pizarro S.A. (ex Juliano Internacional) la suma de B/.206,675 en concepto de indemnización por la expropiación de 1,181 máquinas tragamonedas en el año de 1995.
El Primer Tribunal de Justicia determinó que el Estado deberá cancelar a la empresa Pizarro S.A., cuyo proceso penal fue presentado por el actual primer vicepresidente, Arturo Vallarino, la suma de B/.206,675.
El Juzgado Décimo Tercero Civil determinó el pago de la citada suma, pero la decisión fue apelada y se conminó a las partes a llegar a un acuerdo extrajudicial.
Este proceso se inició cuando el gobierno del presidente Guillermo Endara expropió las máquinas tragamonedas, tras denunciar la existencia de irregularidades en el proceso de licitación.
No obstante, los representantes legales de la empresa presentaron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. En este proceso se solicitó la opinión de la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, quien determinó que la acción realizada por el Estado era procedente y se encontraba apegada a la ley.
En ese momento la demanda fue presentada contra el ministro de Hacienda y Tesoro, Víctor Juliao, debido a que las tragamonedas fueron entregadas a los Casinos Nacionales para su operación.
