Las consultas al proyecto que reforma el Código Minero, que arrancan el próximo martes, comenzarán con piquete por parte de los grupos indígenas en los predios de la Asamblea Nacional.
La decisión se tomó luego que el presidente de ese Órgano del Estado, José Muñoz, informó que el lunes, en la Comisión de Comercio de la Asamblea, se aprobará el reglamento para las consultas del tema.
Muñoz recomendó a sus copartidarios que se le dé a cada uno de los participantes 30 minutos para exponer sus propuestas, el mismo tiempo que tienen los diputados.
Dicha comisión, a través de un comunicado pagado, invitó a todos los grupos que estén interesados en participar de las consultas a inscribirse el lunes 24 y martes 25 en un horario de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en el Palacio Justo Arosemena.
A las consultas, que se realizarán en el Salón Azul de la Asamblea desde el martes, se invitó formalmente a unas 15 organizaciones estatales y ambientalistas.
Descontento.
Rogelio Moreno, cacique de la Comarca Ngöbe-Buglé, manifestó su descontento porque no fueron invitados a dicha reunión y que por ese motivo realizarán un piquete y una conferencia de prensa el martes a las 11:00 a.m.
Moreno agregó que en la región de Negriri, localizada en la Comarca Ngöbe-Buglé, una considerable concentración de oro, cobre y otros minerales será la más afectada. “Vamos a defender nuestras tierras, porque se ha hecho una propuesta de ley sin consultar a los pueblos originarios”, afirmó Moreno.
Piden ampliar consultas.
Aida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, expresó que debe realizarse un análisis profundo porque se debe tener un mecanismo para suspender las actividades mineras, si se comprueba -en el futuro- que estas no representan beneficios para el país, como lo hizo Costa Rica.
Spadafora señaló que actualmente hay poca fiscalización por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente para hacer cumplir los estudios de impacto ambiental.
Por su parte, la ambientalista Raisa Banfield expresó que se debe realizar una discusión técnica y un análisis de los estudios, costos y beneficios de esta propuesta de ley.
Más ingresos.
Ricardo Quijano, viceministro de Comercio e Industrias, defendió el proyecto tras considerar que la reforma busca adecuar las tarifas de los de los minerales metálicos y no metálicos a los precios del mercado mundial.
El viceministro explicó, además, que actualmente la industria minera en general aporta al Estado entre B/158 a B/200 millones anuales.
“Por la explotación de la mina de Petaquilla y Cerro Colorado, el Estado podría estar recibiendo no menos de B/600 millones anuales”, apuntó Quijano.
El viceministro manifestó que esta iniciativa incluye bases ambientales amigables, que no tiene el actual Código, e impone multas a las empresas que incumplen dichas normas.
Por su parte, Zorel Morales, director ejecutivo de Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), dijo que con la tecnología actual la minería puede ser compatible con el ambiente, como lo hacen países como Chile y Brasil.
El impacto ambiental de la industria minera se puede mitigar mediante la reforestación y en las áreas afectadas, dijo el director de CAMIPA.
El tema ya provocó roces entre los miembros del Ejecutivo. El vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, pidió al presidente Ricardo Martinelli que se impulse una moratoria que permita desarrollar un proyecto consensuado para que repercuta de manera ambiental y económica en las comunidades.
Pero la petición de Varela provocó que el presidente le enviara una carta a sus ministros en la que les dijo que es él quien dicta las políticas de Estado hasta el 30 de junio de 2014.
