"Se dice que los indígenas somos dueños de casi todas las tierras nacionales y en realidad no poseemos ni un 25%", aseguró Héctor Huertas, del Centro de Asistencia Legal de Panamá (CEALP) durante el Foro Nacional de Derecho Ambiental y Participación Ciudadana.
El evento, auspiciado por la Fundación Ford de Estados Unidos, concluyó ayer y se discutieron temas como la diversidad biológica de Panamá, jurisdicción agraria ambiental, investigaciones de los delitos ambientales.
La conferencia relacionada al tema indígena fue presidida por Huertas, quien hizo un recorrido por la historia de los pueblos en toda Latinoamérica, al tiempo que destacó que "ellos existen antes de la creación de los estados latinoamericanos".
Para Huertas, la legalización de los territorios indígenas ha significado, además de la preservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria de cerca del 10% de la población nacional.
"No puede ocultarse que se trata de comunidades con problemas", reconoció Huertas, añadiendo "pero aunque somos pobres, tenemos muchos recursos naturales a diferencia de otros grupos étnicos".
A su juicio, la crisis de las poblaciones indígenas radica en "la visión de colonización del Estado panameño". Es así como nace, sostiene, una marcada subvaloración de la capacidad de "nuestra gente", de administrar sus territorios.
Según dijo, se ignoran los sistemas de manejo y uso de los recursos naturales de los territorios. "Ancestralmente los indígenas controlaban sus territorios ahora inventaron a los guardaparques y el concepto "co - manejo", restándoles mando frente a madereros ilegales o cazadores furtivos".
Huertas aprovechó para enumerar varios aspectos a través de los cuales las empresas se apropian de los recursos de estos pueblos.
Citó el caso de la minería que, a su modo de ver, "se deja por fuera a los indígenas en proyectos de aprovechamiento de forma óptima. La legislación minera se ciñe a un contrato entre la compañía y el Estado".
"Los lugareños son meros espectadores porque los permisos comunitarios no son tal, sino más bien concesiones forestales ejecutadas por las empresas", recalcó.
El indígena es ignorado al momento de elaborar convenios, mencionó, remontándose al hecho de que en 1976 fueron inundadas cerca de 35 mil hectáreas de terreno de los kunas para la edificación de una hidroeléctrica y "a la fecha las personas que ocupaban estas tierras no han sido indemnizadas".
Huertas, sin embargo, cifra sus esperanzas de mejores días para sus coterráneos en la creación de un marco de nuevas relaciones del Estado con las poblaciones indígenas, así como un plan jurídico y económico que les signifique mayor participación en los asuntos que les competen.
