La Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y del Derecho del pueblo Ngäbe-Buglé y campesinos, responsabilizó al presidente Ricardo Martinelli y a los diputados por las “consecuencias" que se puedan registrar durante las próximas protestas, de no derogarse la Ley 8 de 2011 que reformó el Código Minero.
Esta agrupación indígena anunció que se mantendrá en "pie de guerra permanente", por lo que solicitó el apoyo de la sociedad civil. Asimismo, declaró “non grato” a los dirigentes Rogelio Moreno, Leopoldo Archibold, Máximo Saldaña, José Elington, Adriana Sandoya y otros, por supuestamente "autonombrarse autoridad comarcal y negociar sin consentimiento".
