Entre la espada y la pared se encuentra la personera municipal de Chepo, Fulvia Del Carmen Rivas.
Y es que en manos de esta funcionaria del Ministerio Público está el estatus jurídico de 90 indígenas detenidos tras los enfrentamientos con los antimotines, a la altura del puente sobre el río Bayano, en Chepo.
A eso de las 7:35 de la noche de ayer, el abogado de los kunas, Aresio Valiente, salió de su despacho con la noticia de que no serían liberados y que se les determinará la responsabilidad penal por los actos de violencia del pasado miércoles donde resultaron 9 policías heridos y 3 kunas con lesiones en el cuerpo.
Horas antes, los indígenas denunciaron que los están interrogando en el cuartel Capitán Basilio Leal de Chepo y no les permiten ver a sus familiares.
Sin embargo, el artículo 2151 de la Ley 15 de 22 de mayo de 2007, sobre el código judicial, establece un periodo de 48 horas para que la personera Rivas tome la decisión.
La Policía Nacional remitió a su despacho los informes relativos a las aprehensiones físicas, dijo a este diario Rivas, quien se mostró nerviosa en todo momento.
Las evidencias fueron 14 bombas molotov, 1 tanque de 5 galones de gasolina, 1 arma de fuego calibre 22, 1 munición detonada y piedras y canicas.
Mientras los agentes policiales sitian el área, los indígenas esperan lo que decida el Congreso General Kuna de Madungandí, que aglutina autoridades de 14 comunidades.
El subsecretario de la agrupación, Manuel Brenes, adujo que ellos tomarán la decisión.
"Yo tiene que defender", expresó el kuna Nigmibe García, quien asegura que dejara su vida por la indemnización de B/.8 millones que se les adeuda por la inundación de sus tierras al construir la Hidroeléctrica de Bayano en la década de 1970.
El abogado Héctor Huertas adujo que el Gobierno no ha buscado soluciones y se ha burlado de ellos.
Abilio Sánchez, de 45 años, mostró un enorme machete que utilizará para defender "su derecho".
Se conoció que otros dirigentes llegarán al punto de conflicto.
