Washington. En su informe anual sobre el estado mundial de los derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos ha emitido una severa crítica al poder Judicial panameño por la falta de transparencia y por estar demasiado comprometido con el partido oficial para poder garantizar un trato justo a sus ciudadanos.
No obstante se reconoce que el gobierno de Panamá "por lo general respeta los derechos humanos de sus ciudadanos", el informe anota que "continúan habiendo serios problemas en varias áreas".
El documento, preparado por el departamento de Estado y distribuido hoy con comentarios del secretario adjunto para Derechos Humanos, John Shattuck, enfoca cinco casos que destaca como especialmente graves:
1. La "interferencia política, manipulación e intimidación" en el juicio de Pedro Miguel González, declarado inocente del asesinato del soldado estadounidense Zak Hernández;
2. La "complicidad entre el juez, fiscal y el fiscal independiente (todos con íntimos contactos en el PRD)" en el juicio contra el exjefe de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad.
3. La retención de leyes restrictivas a la libertad de expresión relacionadas al "caso Gorriti" y que el gobierno había prometido derogar, combinado con lo que el informe llama una "notable tendencia hacia la concentración del control de los canales de televisión por miembros de la familia del presidente Ernesto Pérez Balladares".
4. El rechazo del presidente de la Corte Suprema, Arturo Hoyos, al pedido del procurador José A. Sossa para que cuatro jueces sean juzgados por cargos de corrupción.
5. Aunque el presidente Pérez Balladares dijo ante la Sociedad Interamericana de Prensa a que su gobierno ofrece todas las garantías a la libertad de expresión, aún no ha enviado el prometido proyecto de ley para rectificar leyes que criminalizan la calumnia y el libelo, cargos que un miembro del gobierno acaba de elevar contra Gorriti.
La mayoría de estos episodios se remontan al curso del año pasado cuando fueron motivo de protesta por parte de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, así como de repetidas críticas de distintos funcionarios del departamento de Estado y miembros del Congreso.
Los informes anuales sobre la condición de los derechos humanos en el mundo se originan por una ley aprobada por el Congreso de EU en 1977, cuando las dictaduras militares predominaban en Latinoamérica y el gobierno soviético aún reprimía la libertad de expresión en su imperio.
De los 194 países que fueron objeto del informe, la mayoría registraron progresos y algunos retrocesos. De América sólo fue mencionado Guatemala como país que registró progresos.
