El ex director de la Autoridad de Tránsito de Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Harris, consideró que un informe de la Contraloría General sobre presuntas irregularidades administrativas por la emisión de cheques de un funcionario que había fallecido, carece de objetividad porque fue refrendado por Katia Rodríguez, una funcionaria que él destituyó de la institución.
La Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General ordenó una medida cautelar de los bienes del ex director Harris, decisión que se basó en un informe preparado por varios auditores de la entidad fiscalizadora y que lo responsabiliza porque ante las irregularidades no aplicó medidas de control ni giró instrucciones precisas para evitar que se giraran cheques indebidamente.
Al respecto, Harris señaló que ninguna de los artículos de la ley que regula la ATTT dice que es responsabilidad del director entregar cheques de planilla cada quince días a los "funcionarios o viudas o viudos", por el contrario, quienes establecieron los controles fueron precisamente los auditores subalternos del contralor Alvin Weeden.
El concepto de que un ministro o director de entidad es responsable de todo lo que ocurra dentro de la institución que dirige es falso, porque de lo contrario el gerente del Banco Nacional de Panamá fuera responsable de lo ocurrido allí, o la directora de la Lotería Nacional, igualmente fuera la responsable del desfalco, agregó.
Por lo tanto, dijo que el informe partió de una premisa falsa y lo más importante, según Harris, es que el informe fue refrendado por la abogada Katia Rodríguez, quien fuera destituida de la ATTT y que posteriormente fue el contralor Weeden quien la puso al frente de cualquiera investigación que se ordenara en su contra.
Reiteró la falta de credibilidad y objetividad en la elaboración de ese informe, porque "qué cree usted que puede salir a relucir en ese informe después que fuera destituida de la ATTT", se preguntó Harris. Agregó que el informe de Contraloría no conoce y pudo ver por "encima la resolución que ordena la cautelación de mis bienes".
Aseguró que la reacción de la Contraloría es producto del fallo del 20 de agosto del 2003, del Juzgado Sexto de Circuito Penal en el caso de la investigación de la supuesta cancelación ilegal de 1000 cupos, en el que el ex director ni siquiera fue imputado en el proceso.
Agregó que los magistrados de la DRP nunca le notificaron de la resolución de la cautelación de los bienes y que se enteró por parte de un banco que le llamó para informarle de la situación.
El Panamá América trató de ubicar al contralor Alvin Weeden para que respondiera a los señalamientos de Carlos Harris, sin embargo, no respondió las llamadas a su celular.
