Con este proyecto, además se adiciona al Código Penal el capítulo IV, sobre delitos contra la norma urbanística, donde la empresa que construya o urbanice poniendo en grave riesgo al ambiente o la vida de la población, tendrá pena de prisión de dos a cuatro años.
Las empresas que incurran en delitos ecológicos serán sancionadas con 150 a 365 días multas o la suspensión de licencia de operación por uno a tres años, según la gravedad del daño ambiental causado, y con la inhabilitación de contratar con la administración pública hasta por el lapso de tres años.
También sería sancionado el representante legal de la empresa que cause daño ecológico.
La discusión se centró en la sanción tanto a la persona natural como jurídica, pero se tomó en cuenta que el funcionario o empleado de baja jerarquía no podría haber asumido acciones que deterioren el bien jurídico protegido, sin el aval de la directiva o representante legal de la empresa que incurrió en delitos contra los recursos naturales.
Lo preocupante es que la institución sigue funcionando y no se ha evitado hasta el momento el uso de reservas que pondrían en peligro las prestaciones médicas y económicas con las que cuenta actualmente la Caja de Seguro Social.
Por cuarto año consecutivo, la CSS tendrá que recurrir a las reservas para cubrir el déficit corriente de programas como el de Invalidez, Vejez y Muerte.
Desde el año 2002, la CSS comenzó a utilizar sus reservas para tapar huecos corrientes.
