El pleno de la Asamblea Legislativa inició la discusión de un proyecto de ley mediante el cual se establecen sanciones de hasta de diez años de cárcel para las empresas que cometan delitos financieros, fraudes o "delitos de cuello blanco" como los que se han registrado en los últimos años en diversos bancos e instituciones.
Legisladores como Miguel Bush hicieron referencia a casos como el de Fotokina, el grupo ADELAG, BANAICO y Estrella Mar, al mismo tiempo que solicitó que cuando se apruebe esta norma "no le tiemble la mano a las autoridades para aplicar las sanciones".
Esta propuesta presentada por el procurador José Antonio Sossa, dispone que quien use medios tecnológicos y maniobras fraudulentas; se apodere, haga uso indebido u ocasione la transferencia ilícita de los dineros, valores, bienes y otros recursos financieros de una entidad bancaria o capte los recursos financieros del público, será sancionado con penas de dos a cuatro años.
Mientras que la sanción será de cinco a siete años cuando el delito sea cometido con la participación de un empleado, director, dignatario, administrador o representante legal de la entidad o empresa aprovechándose de su posición o del error ajeno.
El proyecto que modifica varios artículos del Código Penal, también establece que el que destruya, oculte o falsifique los libros de contabilidad, otros registros contables, estados financieros u otra información con el propósito de obtener una facilidad crediticia de una entidad bancaria, será castigado con penas de cuatro a siete años. La sanción será de cinco a diez años de presión cuando se destruya, oculte o falsifique los libros o registros de contabilidad y la información financiera.
También se establecen sanciones penales de siete años para el director, dignatario, gerente, administrador, representante legal, integrantes del comité de crédito o empleado de la entidad bancaria que incurran en estos actos ilícitos.
