Existen más de 340 inmuebles condenados en la ciudad de Panamá y Colón, sobre los que se han emitido orden de desalojo y en los que residen unas cuatro mil 300 familias, señala el ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas.
El ministro afirma que estas casas condenadas no pertenecen al Estado, ya que son de propiedad privada. En tal sentido, aclara que al existir una relación jurídica entre el arrendador y arrendatario, el Estado sólo interviene en caso de que exista una demanda de lanzamiento, ya que así lo estipula la Ley.
Actualmente en la ciudad capitalina existen censadas 284 casas condenadas habitadas por unas tres mil 755 familias. En tanto que, en el Barrio Norte y Sur Colón, hay otras 632 familias residentes en unos 57 inmuebles condenados.
Cárdenas dijo que si un inmueble debe ser desalojado en caso de incendio o por el deterioro avanzado de sus infraestructuras, el propietario no pierde los derechos de la finca donde se ubica, sólo se congela el canon de arrendamiento y otras serie de derechos.
Sostiene que por lo general la resolución de condena ordena la demolición del inmueble, pero la misma debe realizarla el dueño de la propiedad, no el Estado, porque la propiedad es privada.
Explica que esta situación provoca que los residentes al no pagar y el propietario al no cobrar, desatienden los inmuebles con su consecuente deterioro. Según el ministro, la mayoría de los residentes no quiere salir del medio donde viven, y luego de verificarse un siniestro, entonces exigen que el ministerio le resuelva inmediatamente su problema.
En tal sentido, manifiesta que la entidad que dirige en la medida de sus posibilidades, siempre brinda soluciones como lotes servidos en Arraiján, Chepo y Pacora, o facilita apartamentos a las personas que posean capacidad de pago.
Detalla que este año se licitaron mil 20 apartamentos en 30 edificios Salomón, en las ciudades de Panamá y Colón y 50 viviendas unifamiliares en Vista Alegre, Arraiján, para ir resolviendo el grave problema habitacional.