S orpresivamente la Asamblea Legislativa se encontró con que uno de sus funcionarios había sido arrestado por el presunto delito de lavado de dinero y engaño, en el que participaron en principio con o sin conocimiento al menos 15 empleados, pero se ha logrado conocer que ya la cifra puede estimarse en 60 personas pertenecientes a una red.
Esta red fue instalada por un miembro del equipo de Asesoría Legal del Parlamento, el abogado Emilio Castillo, quien era muy conocido por defender en diversas ocasiones a compañeros como representante electo de los servidores públicos.
Las investigaciones que lleva a cabo el fiscal primero de Drogas, Rosendo Miranda, y la Agencia Antidrogas Norteamericana (DEA) revelan que Castillo está presuntamente vinculado al lavado de dinero, proveniente del narcotráfico internacional.
¿Quién es Emilio Castillo? Este abogado laboró en la Asamblea alrededor de siete años en la Dirección de Asesoría Legal; considerado un muchacho humilde que desarrolló su carrera en este órgano del Estado, y al mismo tiempo estudiaba para alcanzar la licenciatura en Derecho.
En el año 1999 ganó las elecciones en donde fue escogido como representante de los servidores públicos ante el Consejo de Carrera Administrativa. Considerado por muchos como un funcionario normal, nada influyente, buena persona y amable, era quien apoyaba incondicionalmente a sus compañeros destituidos para que fueran reintegrados.
Aunque la fuente no precisó el tiempo, el funcionario contaba en un principio con un carro sedán, pero posteriormente lo cambió por una 4x4. El mismo estacionaba su auto en el área cercana al Secretario General de la Asamblea, pasaba bien vestido de saco y corbata hacia sus labores.
Aunque en el Parlamento reina la incertidumbre. Una fuente legislativa informó a El Panamá América que en una reunión donde se encontraban varios legisladores, el presidente Jacobo Salas señaló que se había dado el arresto de Castillo y que las autoridades antidrogas mostraron las pruebas fehacientes del delito en el que se encontraba involucrado el funcionario.
"Engañó a varios compañeros, algunos accedieron a las peticiones por avaricia. Castillo solicitó tanto a funcionarios de Asesoría Legal como a empleados de bajos ingresos y particulares que le abrieran cuentas bancarias a nombre de estas personas", indicó la fuente.
Agregó que el funcionario era muy cauteloso; le dijo a sus compañeros que él no podía abrir una cuenta a su nombre y solicitó que le abrieran cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Al menos en una sola cuenta encontraron alrededor de 80 mil balboas.
Este personaje, de casi unos treinta años, pagaba B/.40.00 B/.50.00 hasta B/. 100.00 por hacer las transacciones y los funcionarios comprometidos con la acción para retirar el dinero que ya había sido introducido, llenaban las volantes en blanco y Castillo le ponía la cantidad, por esto recibían una remuneración económica.
Otra versión indica que Castillo engañó a muchos diciéndoles que representaba a accionistas del exterior que querían invertir en Panamá.
Pero lo más conmovedor de las historias que circulan es que también se pudo utilizar una cuenta de ahorros prestada para recolectar dinero a beneficio de una obra de beneficencia.
Castillo recibió beneficios de la Asamblea Legislativa, la que le otorgó una licencia para efectuar estudios superiores en Estados Unidos en el 2002, luego de terminar como representante de los trabajadores.
Indican que el abogado salió muchísimas veces de la ciudad de Panamá hacia Estados Unidos, lo que creó la sospecha, ya que sus contactos los hizo en esta nación para el lavado de dinero.
Las pruebas presentadas al presidente de la Asamblea Legislativa por las autoridades especiales antinarcóticos eran evidentes, por lo que se procedió a su destitución.
Entre las personas que accedieron a abrir cuentas bancarias se encuentra personal del Departamento de Asesoría Legal, Protocolo, Participación Ciudadana y funcionarios de las distintas comisiones de la Asamblea Legislativa, inclusive particulares.
El Panamá América logró contactar al fiscal Rosendo Miranda, pero no ofreció detalles de la investigación, aduciendo la reserva del sumario.
Mientras que Jacobo Salas indicó que se pudo haber "abusado" de la inocencia de algunos funcionarios, ofreciéndoles participación en cuentas bancarias a cambio de usar sus nombres.El abogado era considerado por muchos como un funcionario normal, nada influyente, buena persona y amable, era quien apoyaba incondicionalmente a sus compañeros destituidos para que los reintegraran.
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