La Defensoría del Pueblo, entre otras organizaciones profesionales y de la sociedad civil, calificaron ayer como "inoportuna" las modificaciones hechas en el Órgano Legislativo con miras a reducir las sanciones penales establecidas en un proyecto de ley que busca incrementar los castigos contra quienes cometan delitos ambientales.
En un comunicado, las instituciones, gremios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, interesados desde su inicio en el proyecto de Ley Nº 4, "por el cual se adiciona al Código Penal el Título XIII referente a los Delitos contra el Ambiente", consideraron imperante la aprobación del proyecto de ley en este periodo legislativo, para combatir los diversos problemas ambientales que enfrentamos los panameños.
Señalaron que la postura de la disminución de las sanciones penales, por parte de algunos miembros de la Asamblea Legislativa no es oportuna, ya que en los últimos meses los daños ambientales se han incrementado, por lo que la reducción de las penas contribuiría a mantener la percepción de impunidad existente en el país.
En este sentido, mostraron su total desacuerdo, por lo que solicitaron que se mantengan las sanciones penales originales,que fueron consensuadas por un grupo multidisciplinario de profesionales que han invertido más de tres años en dar sus aportes al proyecto de ley mencionado.
"Consideramos además que sería un grave error eliminar el artículo 402 que busca elevar las quemas a la categoría de delito, máxime cuando este año la ciudadanía panameña ha sido testigo de los graves daños causados por incendios forestales provocados por manos criminales en todo el país durante la estación seca", aseguraron.
Expresaron su preocupación por las modificaciones introducidas a este proyecto de ley, por lo que solicitaron a los legisladores de la República, que mantengan las sanciones penales originales y el artículo 402 sobre quemas, tal como se estableció en su texto primario.
Además de la Defensoría del Pueblo, se oponen a estas modificaciones la Universidad de Panamá, el Parque Natural Metropolitano, la Cámara Panameña de Evaluación y Consultorías Ambientales (CAPECA), el Sindicato de Periodistas de Panamá, Iniciativa de la Sociedad Civil para el Ambiente (ISCA), la Asociación de Derecho y Ecología (DEECO), la Asociación Verde de Panamá (ASVEPA) y el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP).
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