Quienes administran justicia van a tener que rendirle cuenta a los ciudadanos por el trabajo que hacen o dejan de hacer. Esta tarea se incluye en las reformas del sistema de administración de justicia, según explicó el magistrado Adán Arnulfo Arjona, presidente de la Corte Suprema.
El magistrado expuso la situación por la que atraviesa el sistema en el foro "Administración de justicia", organizado por El Panamá América, y anunció que presentarán un informe a la nación donde expondrán el programa de planificación estratégica que ejecutan.
Indicó que el programa está en marcha pese a que el Organo Judicial se enfrenta al gran obstáculo de un presupuesto irrisorio comparado con el acelerado aumento de la demanda de administración de justicia de la ciudadanía.
Arjona reconoció que hay insatisfacción pública por el tema de la administración de justicia, pero también advirtió que de no hacerse las reformas que permitan mejorar, tendrá un alto costo social porque va a deteriorar el sistema democrático y a erosionar la credibilidad de las autoridades.
Destacó que desde que asumió la presidencia de la máxima corporación de justicia se ha involucrado en un plan integral que descansa sobre tres pilares, en los que debe descansar la justicia: integridad, efectividad y rendición de cuentas. Otro de los cambios en el sistema es un mapa judicial que está por concluirse y que permitirá determinar el índice ideal de jueces por cantidad de habitantes.
El programa que adelantan, explicó Arjona, incluye un centro de estadística judicial que pronto se inaugurará, pues si no hay cifras adecuadas no pueden planificar.
Anunció que esta es una novedad, pues "jamás el sistema judicial ha planificado".
La intervención del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia estuvo apoyada en gráficas y vistas de la situación de los juzgados en diferentes jurisdicciones, y fue seguida de la voz crítica del abogado Miguel Antonio Bernal, quien dijo que lo del presupuesto es "secundario".
Indicó que la falta de presupuesto o de personal no es prioritario frente a la impresión o percepción que tiene la ciudadanía de que "no se está haciendo justicia".
Para Bernal el que la ciudadanía conozca la planilla del Organo Judicial es irrelevante cuando existen ciudadanos que quieren saber "por qué no se hace justicia", por lo que todo esfuerzo que no tome en cuenta esta necesidad, se traduce en pérdida de esfuerzos.
Durante su intervención, expuso su escepticismo del programa de mejora integral en el sistema ya en ejecución, al recordar que hace 20 años se expusieron metas a corto, mediano y largo plazo que no se cumplieron
El abogado constitucionalista afirmó que cualquier cambio en el sistema debe fundamentarse en garantizar la participación ciudadana, en acabar con la "impunidad de un número de funcionarios" y con la falta de transparencia en los actos de Gobierno y de los distintos órganos del Estado, "particularmente en la administración de justicia".
En el foro también expuso el abogado Silvio Guerra, quien insistió en que es imprescindible que quienes administran justicia, además de su independencia probada, estén conscientes de su capital responsabilidad de respetar la letra de la Constitución y las leyes.
"No se puede admitir que la interpretación apague el sentido de norma constitucional y menos de la ley", dijo Guerra.
Al hacer su examen del estado de la administración de justicia, el exmagistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola reconoció que aunque se hagan los cambios en otras esferas del sistema, persistirá la crítica ciudadana por la forma como se escogen los magistrados.
Afirmó que si bien se han hecho buenos nombramientos, también "hay malos", y que mientras los magistrados "sigan saliendo de la mano del Ejecutivo" con la consiguiente aprobación del Organo Legislativo, el sistema seguirá generando objeto de escrutinio público.
Cómo fórmula ideal, propuso que los magistrados sean escogidos por medio de concurso, como lo aconseja la prudencia y como es práctica con el resto de los funcionarios del Organo Judicial.
Molino Mola apoyó la ponencia del magistrado presidente de la Corte, en el sentido de que la falta de personal constituye uno de los obstáculos para una justicia más expedita.
Reconoció que en el sistema faltan unos 200 jueces más, situación que se agrava con el aumento de los litigios que diariamente ingresan a los tribunales y a la propia Corte Suprema.
Luego de su intervención participó el ex canciller José Raúl Mulino, quien reconoció que las reformas al sistema requieren que sean integrales, por lo que primero hay que preguntarse qué se va a reformar y cuál es el Panamá que se quiere reformar.
Reconoció que los jueces manejan más expedientes de los que deben procesar, por lo que propuso la creación de una oficina para la administración del Organo Judicial.
Según la propuesta, debe haber un ente que vele por todos los detalles administrativos no relativos al impartir justicia, para que los jueces se dediquen enteramente a sus tares reales.
En el foro, celebrado en uno de los salones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, hizo uso de la palabra el constitucionalista Humberto Ricord, quien le añadió un toque de jocosidad al encuentro.
Ricord, reconocido por ser un estudioso del sistema, expuso como uno de los obstáculos en la independencia del sistema, la forma como se escogen los magistrados.
Considera inconcebible que alguien tenga en un bolsillo la renuncia a un partido político y en el otro, su nombramiento como magistrado de la Corte Suprema.
En un tono muy pedagógico, pero que a la vez hizo sonreír a los presentes, afirmó que para qué se desea reformar la Constitución Nacional o se invoca una Constituyente si las leyes que existen no se respetan.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez indicó que el gremio apoya los cambios que signifiquen avances en la calidad de la justicia que se merecen los ciudadanos.
En el foro de El Panamá América tanto José Javier Rivera como John Benett, presidentes de la Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), respectivamente, reconocieron el aporte del diario al exponer un tema de interés nacional como es el examen del sistema judicial.
Coincidieron en la necesidad de reformar el sistema porque afecta todos los ámbitos de la vida nacional, pero reconocieron la necesidad de que todos los sectores se involucren, pues es una tarea de todos.
Rivera, por su parte, hizo énfasis en que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad de garantizar los recursos adecuados para que el sistema funcione adecuadamente.
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