La inseguridad en Panamá ha alcanzado niveles preocupantes, y en la época de fin de año, diversos sectores temen al incremento en la ola de robos y asaltos en el país.
Para el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, "uno de los grandes problemas que ha tenido este gobierno es la improvisación en el tema de la seguridad".
Mulino indicó que esto ha llevado a crear "la percepción de las personas, en que la inseguridad ocupa el primer problema del país".
También el especialista en criminología Severino Mejía explicó que el trato que se le ha dado al tema de seguridad por parte de las autoridades es "ineficaz".
Pese a esto, el presidente Juan Carlos Varela se ha referido al tema argumentando con estadísticas oficiales que "Panamá es el país más seguro de Centroamérica y el tercer más seguro de Latinoamérica".
No obstante, hace más de un año que la inseguridad viene posicionándose como el tema que más preocupa a los panameños, como el problema del cual el gobierno de Juan Carlos Varela no ha podido encontrar soluciones efectivas.
Y es que la cantidad de casos que se han reportado en este mes han hecho que los propios comerciantes y dueños de locales comerciales tomen la justicia por sus propias manos.
Solo el pasado domingo, un propietario defendió a otro comerciante durante un robo en el sector de Vista Alegre, en Panamá Oeste.
Incluso en las redes sociales se han presentado videos en los que se muestra a los malhechores forzando a las personas a entregar sus pertenencias.
Uno de estos casos recientes se registró en un minisúper en la ciudad de Panamá, donde una de las dependientes fue pateada en el rostro y amenazada con un arma de fuego.
Mientras, en la Policía Nacional alegan mantener operativos denominados Comercios Seguros, en los que quienes están afiliados pueden reportar los incidentes.
La Policía alega que está trabajando en todo el país ejecutando operativos como el de Paradas Seguras para garantizar la seguridad en las calles y habilitando la línea de emergencia 104.
Sin embargo, existe la percepción de que estos operativos no serían los mismos que se aplican para darles seguridad a los altos mandos del Gobierno. Y, por ejemplo, está el contrato de más de 135 autos para la escolta del Sistema de Protección Institucional (SPI) por un costo de 2 millones 300 mil dólares.
362 homicidios se habían producido en Panamá hasta el mes de noviembre, según estadísticas oficiales.
