Torrijos, quien prefirió no ahondar más en el tema del retraso en la aplicación de lo acordado en la Comisión de Estado por la Justicia, advirtió que el problema judicial en Panamá no se limita a los magistrados, sino que es más complejo.
"Reconozco que por los abusos en administraciones anteriores, al momento de designar magistrados en la Corte Suprema de Justicia, existe una especie de temor en la ciudadanía", destacó. No obstante, recordó que constitucionalmente le corresponde nombrar a los nuevos magistrados.
Para Torrijos, el método de nombrar magistrados en Panamá funciona, pues el problema no es el método, sino el abuso que se ha dado por parte del Ejecutivo dentro de este mecanismo de designación en el pasado.
"Sin embargo, comprendo que hay que ampliar la participación, pero no voy a renunciar a la obligación que establece la Constitución Nacional de que el Presidente de la República debe designar a las magistrados", dijo.
Agregó que ampliarán la participación en la escogencia de los magistrados, a fin de escuchar los aportes del amplio grupo de sectores de la sociedad.
Recientemente la Secretaria Ejecutiva de Alianza Ciudadana Por Justicia, Magaly Castillo, advirtió la existencia de una mora en la aplicación de los cambios aprobados en el Pacto de Estado por la Justicia.
La Comisión de Estado por la Justicia surgió a raíz de señalamientos mutuos de presuntas irregularidades entre cuatro magistrados de la Corte.
El informe fue entregado hace más de un mes.
