El Estado panameño fue instado a aceptar su responsabilidad, luego de la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso del abogado Santander Tristán, quien fue condenado a prisión por el delito de injuria.
La CIDH presentó el pasado 29 de agosto una demanda contra el Estado, cuya notificación fue realizada al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
En el informe de fondo, el CIDH hizo recomendaciones al gobierno para reparar las violaciones encontradas en el caso del abogado, quien fue demandado por el ex procurador de la Nación, José Antonio Sosa. El Estado solicitó una prórroga, pero luego desconoció su validez.
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