La denuncia se interpone tras detectar que en por lo menos cuatro de seis fallos del pleno de la CSJ se "dejan dudas" de la adecuada aplicación e interpretación de las normas y se refleja un criterio de "selectividad y condescendencia" con personas vinculadas al narcotráfico.
Entre los magistrados denunciados están: Arturo Hojos, Aníbal Salas, Alberto Cigarruista, Jacinto Cárdenas, Roberto González, Winston Spadafora, Graciela Dixon y José A. Troyano.
La denuncia, presentada formalmente por Maribel Jaén, de Justicia y Paz; Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia y el empresario Roberto Eisenmann, surge luego que el pasado 3 de marzo, el magistrado Adán Arnulfo Arjona cuestionara públicamente las decisiones en seis fallos del pleno de la CSJ, en algunos de los cuales se liberó a personas vinculadas con el narcotráfico.
Para el presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee, en algunos de los casos denunciados por el propio magistrado Arjona, la responsabilidad del funcionario no se cumplió, por lo que se están aportando las pruebas que la ley exige para que la Comisión de Credenciales de la Asamblea realice las investigaciones.
Para el empresario Roberto Eisenmann los magistrados de la CSJ señalados, han violado la Constitución y la ley, y le corresponderá ahora a la Asamblea investigar y juzgar.
"Con esta denuncia queremos superar el cinismo típico de que no se hace nada porque los diputados juzgan a los magistrados y los magistrados juzgan a los diputados y por eso no se logra nada", indicó.
"Nosotros tenemos la esperanza que en esta Asamblea haya gente honesta que va a hacer frente a su obligación constitucional", destacó Eisenmann.
La denuncia está respaldada por la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, APEDE, Centro de Asistencia Legal Popular, Centro de Estudio de Acción Social (CEASPA), Colegio Nacional de Periodistas, Clubes Cívicos, Comisión de Justicia y Paz, Comité Ecuménico, CoNEP,CONATO, FENASEP,FEDAP, Fundación Para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana,Transparencia Internacional de Panamá, Fundación Panameña de Ética y Civismo y el Instituto de Criminología.
