Un recurso de Hábeas Data contra el canciller de la República, José Miguel Alemán, fue interpuesto ayer ante la Corte Suprema de Justicia por el abogado Guillermo Cochez, sustentado en la negativa del funcionario de conceder detalles de la planilla de la institución a su cargo, así como de los funcionarios nombrados como asesores y embajadores.
Cochez también había solicitado, sin que se le concediera en el plazo establecido por la nueva Ley de Transparencia en la Gestión Pública, el monto de los emolumentos y viáticos de todos los funcionarios de la entidad y de la representación diplomática que ostentan.
El documento que sustenta la denuncia del abogado explica que el día 6 de febrero de 2002 se hizo la solicitud formal de toda la información descrita ante el despacho del ministro de Relaciones Exteriores.
Posteriormente, la vice ministra de Relaciones Exteriores encargada, María Alejandra Eisenmann, solicitó extender el período de tiempo para compilar la información solicitada, alegando que la misma era muy amplia y no había podido ser completada.
No obstante, el 26 de abril, la subdirectora de asuntos legales de la Cancillería comunicó que la información solicitada por Cochez sería enviada una vez se reglamentara la Ley de Transparencia.
La Ley de Transparencia, aprobada y sancionada en el mes de enero, obliga a todo funcionario público a facilitar información solicitada por un particular siempre que ésta no clasifique como confidencial o de carácter restringido. Lo solicitado por Guillermo Cochez no entra en ninguna de estas clasificaciones.
Según el abogado, la actitud asumida por el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores es impropia debido a que la Ley No. 6 empezó a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial y no luego de la reglamentación, que aún no se ha hecho.
Si la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso interpuesto, el Canciller deberá ofrecer la información solicitada por Cochez, de lo contrario podrá ser objeto de las sanciones que establece la norma.
